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La orden judicial que obliga a Trump a declarar bajo juramento se ha convertido en el eje central de la disputa legal entre el presidente de Estados Unidos y la BBC. La jueza Enjoliqué Lett dictó esta medida tras constatar que el demandante no ha cumplido con su obligación de intercambiar información en la fase de descubrimiento de pruebas, un proceso legalmente obligatorio en el derecho estadounidense. El plazo establecido para que el mandatario responda a las preguntas formuladas por la parte demandada vence el 11 de diciembre, fecha crítica que marca el cierre del período de presentación de evidencias en este complejo litigio que ha captado la atención de los medios internacionales.
El conflicto legal tiene su origen en un episodio del programa documental británico Panorama, el cual editó y unió dos secciones distintas de un discurso pronunciado por Trump antes de los disturbios en el Capitolio de Estados Unidos en enero de 2021. La BBC admitió posteriormente que la edición dio «la impresión errónea de que el presidente Trump hizo un llamamiento directo a la violencia» y presentó disculpas públicas por el error. No obstante, el presidente demandó a la cadena por difamación, acusándola de haber manipulado el contenido «intencionadamente, con malicia y de forma engañosa», lo que ha derivado en una batalla judicial que trasciende lo periodístico para adentrarse en el terreno de la política y la libertad de prensa.
La orden judicial y el calendario de la declaración de Trump
La decisión de la jueza Lett responde a la cancelación de una declaración que estaba programada para el 16 de octubre, fecha en la que Trump alegó «asuntos de importancia nacional» para ausentarse, coincidiendo con su campaña en Georgia para las elecciones de medio mandato. Según detalló Charles Tobin, abogado que representa a la BBC, «aún no hemos podido tomar declaración al demandante», lo que ha generado tensión en el proceso. Los abogados de Trump, por su parte, argumentaron en un documento presentado el miércoles que el presidente podría comparecer entre el 11 y el 22 de enero del próximo año, desestimando la idea de que esté evitando el proceso y calificando de equivocada la postura de la BBC al señalar una evasión deliberada.
En el derecho estadounidense, una declaración es una manifestación realizada fuera del tribunal, bajo juramento y en respuesta a preguntas, que queda registrada para su uso en procedimientos posteriores. La semana pasada, los abogados de la BBC solicitaron formalmente a la jueza que obligara a Trump a prestar declaración después de que la última reunión programada fuera cancelada. Ese mismo día, el presidente asistió a un acto de campaña en Dalton, Georgia, y a una recaudación de fondos en su propiedad de Mar-a-Lago, en Florida, lo que reforzó la percepción de que sus compromisos políticos están interfiriendo con sus obligaciones legales en este caso de alta visibilidad.
Impacto en la libertad de prensa y el futuro del caso
La BBC ha solicitado al tribunal que desestime la demanda, argumentando que el programa no cumple con los criterios legales para ser considerado difamación y que no estaba disponible para su visualización en Estados Unidos. Los abogados de Trump admitieron en julio que no tienen pruebas de que el documental estuviera disponible en EE.UU. a través del servicio de suscripción BritBox, la página web de la BBC, el servicio BBC Select o las cadenas de televisión estadounidenses, como se alegó inicialmente. Este matiz técnico es crucial para la defensa de la cadena británica, que busca cerrar el litigio antes de que se profundice en el fondo del asunto.
El impacto de esta orden judicial trasciende el ámbito estrictamente legal, ya que pone a prueba los límites de la inmunidad presidencial y la responsabilidad de los medios de comunicación en la edición de contenidos sensibles. La comunidad internacional observa con atención cómo se resuelve este caso, que podría establecer precedentes importantes sobre la difamación en la era digital y la obligación de los líderes políticos de someterse a procesos judiciales sin excusas basadas en la agenda política. El desenlace de este litigio no solo afectará a las partes involucradas, sino que también podría influir en la forma en que los medios globales abordan la cobertura de eventos políticos controvertidos en el futuro cercano.
