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Una fuerte controversia política y social enfrenta el Gobierno del Presidente José Antonio Kast tras conocerse que la Administración ha dictado 56 rebajas de condenas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad. La información, revelada por el medio Interferencia, detalla que hasta el 13 de septiembre el Ejecutivo otorgó decretos que reducen las penas a 27 condenados por abuso sexual y 29 por violación, todos delitos cometidos contra niños, niñas y adolescentes. La medida se ampara en la atribución legal del Ministerio de Justicia para incentivar la buena conducta de los presos, pero ha desatado un amplio debate sobre su procedencia y las implicancias para las víctimas.
Para comprender el contexto, es necesario remontarse a febrero de 2022, cuando el Congreso aprobó una reforma a la ley penitenciaria que excluyó explícitamente a los condenados por delitos sexuales contra menores del beneficio de rebaja de pena. Antes de esa fecha, el Ministerio de Justicia ya se negaba sistemáticamente a otorgar estos beneficios, en lo que se consideraba una práctica de Estado. La ley 21.421 vino a ratificar esa postura, independientemente del signo político del gobierno de turno. Sin embargo, la actual administración ha invocado una supuesta doctrina de la Corte Suprema para justificar las rebajas, lo que ha sido rebatido por expertos y exautoridades.
El argumento del Gobierno y la defensa de Rabat
El ministro de Justicia, Fernando Rabat, defendió la decisión señalando que se aplicó la ley y se siguió una interpretación respaldada por la Corte Suprema. Según Rabat, el máximo tribunal estableció un criterio uniforme para rebajar la pena a violadores y abusadores con buena conducta que hayan sido sentenciados antes de la publicación de la ley 21.421. «Es la Corte Suprema la que estableció que las personas a quienes ese beneficio se le otorgaba antes del año 2022 eran merecedoras de ellos», explicó el secretario de Estado. En tanto, el portavoz de Gobierno, Gonzalo Arenas, calificó la gestión como «impecable» y sostuvo que se cumple con la ley, restando validez a las críticas.
No obstante, la posición oficial ha sido cuestionada por diversos actores. El exministro de Justicia del gobierno de Gabriel Boric, Jaime Gajardo, afirmó en Radio Infinita que Rabat se equivocó «garrafalmente», pues el ministerio aceptó las rebajas amparándose en una supuesta jurisprudencia y, ante recursos de amparo de los reos, no acudió a defender su postura en tribunales. Gajardo sostuvo que la Corte Suprema ha validado en diversos fallos la aplicación retroactiva del criterio de la ley de 2022, es decir, no ha permitido el beneficio para condenados por delitos sexuales contra menores. Esta discrepancia jurídica es central en la polémica.
Reacciones políticas y jurídicas en contra de la medida
La oposición de izquierda ha reaccionado con dureza. El diputado comunista Marcos Barraza calificó la medida como un «indulto» a delincuentes sexuales y afirmó que «indultar a criminales que son violadores o agresores sexuales de niños, niñas y adolescentes no tiene ningún tipo de justificación». El Partido Comunista anunció inicialmente una interpelación contra el ministro, pero luego optó por solicitar una sesión especial en la Cámara de Diputados para abordar el tema. Por su parte, la exportavoz de Gobierno de Boric, Camila Vallejo, desmintió que la ley obligue al Ejecutivo a otorgar los decretos, señalando que la normativa de 2022 excluye explícitamente a los abusadores y violadores de menores de la posibilidad de rebaja de condenas.
Desde la derecha tradicional también surgieron críticas. La excandidata presidencial Evelyn Matthei manifestó que ella no habría firmado los decretos y que existía precedente de que se podía rechazar la rebaja, pues el legislador había demostrado su voluntad de excluir a estos delincuentes. Asimismo, el Defensor de la Niñez, Anuar Quesille, calificó la situación como «preocupante» y recalcó que detrás de estas condenas hay víctimas con derecho a la justicia y reparación, por lo que el Estado debe actuar con especial rigurosidad. La presidenta del Senado, Paulina Núñez, anunció la presentación de un proyecto para modificar la Ley 19.856 y eliminar una excepción que permitiría acceder a rebajas por comportamiento sobresaliente en casos de delitos sexuales contra menores.
El debate continúa en el Congreso y en la opinión pública, mientras el Gobierno se mantiene firme en su defensa. La sesión especial solicitada por la oposición podría concretarse en los próximos días, y se espera que el ministro Rabat entregue mayores detalles sobre los criterios utilizados. La controversia pone de relieve la tensión entre la aplicación de la ley penal y la protección de los derechos de las víctimas, en un tema de extrema sensibilidad para la sociedad chilena. Enfoque Digital continuará informando sobre los avances de este caso y sus implicancias en la Región de Atacama y el país.
