La ministra en visita de causas de derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Paola Plaza, condenó a 20 años de presidio efectivo al carabinero en retiro Óscar Patricio Ibacache Carrasco por el homicidio calificado de seis personas en la población Los Nogales, actual comuna de Estación Central, en octubre de 1973. Entre las víctimas había tres menores de edad. La sentencia, que también impone inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos, fue dada a conocer este viernes y constituye un nuevo avance en la búsqueda de verdad y justicia por las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura militar.
Los hechos ocurrieron en dos momentos distintos. El primero de ellos la noche del 1 de octubre de 1973, cuando los jóvenes Marco Orlando Ríos Bustos (15 años), Miguel Ángel Ríos Traslaviña (16) y Rogelio Gustavo Ramírez Améstica (19) fueron interceptados por agentes del Estado en calle San Alfonso, entre Gaspar de la Barrera y Antofagasta. Según estableció la investigación, los menores fueron abatidos a disparos sin mediar provocación alguna. Ríos Traslaviña recibió 18 impactos de bala y Ramírez Améstica 12, falleciendo ambos en el lugar, mientras que Ríos Bustos fue encontrado sin vida con tres impactos en las cercanías del Puente Iquique.
Los crímenes de octubre de 1973 y el largo camino judicial
La segunda arista de la causa se refiere a los homicidios de Hernán Anselmo Cortés Velásquez, Eduardo Antonio Fonseca Castro y José Tomás Beltrán Bizama, perpetrados entre la noche del 20 de octubre y la madrugada del 21 de octubre de 1973 en la misma población. La sentencia acumuló ambas condenas en una pena única de 20 años de presidio efectivo, sin posibilidad de acceder a penas sustitutivas, lo que significa que Ibacache deberá cumplir la totalidad de la condena en un recinto penitenciario.
La resolución de la ministra Plaza detalla que los crímenes se enmarcan en el accionar de agentes del Estado durante los primeros meses de la dictadura, en un contexto de represión sistemática en poblaciones populares de Santiago. La población Los Nogales, ubicada en la actual Estación Central, fue escenario de múltiples operativos militares y policiales en ese período. Este caso se suma a otras causas por derechos humanos que la justicia chilena ha resuelto en los últimos años, reafirmando el principio de que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles.
Impacto de la sentencia y desafíos pendientes en derechos humanos
Organizaciones de derechos humanos y familiares de las víctimas valoraron la sentencia como un paso importante, aunque señalaron que aún queda un largo camino por recorrer para esclarecer todos los casos de desapariciones y ejecuciones ocurridas durante la dictadura. La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de la comuna de Estación Central destacó que esta condena envía una señal clara de que la impunidad no tiene cabida en Chile.
El fallo también establece la obligación del Estado de reparar simbólicamente a las familias, aunque no se pronunció sobre indemnizaciones económicas. La ministra Plaza fundamentó la pena en la gravedad de los hechos, la cantidad de víctimas y la especial vulnerabilidad de los menores de edad. Con esta resolución, la justicia chilena reafirma su compromiso con la verdad, la memoria y la no repetición, en un año en que se conmemoran 50 años del golpe de Estado.
