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La Corte de Apelaciones de Copiapó confirmó la indemnización directoras Freirina, ordenando al empleador pagar seis remuneraciones mensuales a cada una tras sus denuncias de despido discriminatorio.
El caso se originó cuando las directoras de los jardines infantiles Los Grillitos, Campanita y Las Abejitas fueron desvinculadas mediante resoluciones basadas en el artículo 34 de la Ley N°21.109, luego de presentar reclamos ante el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) y otros organismos. El Juzgado de Letras y Garantía de Freirina había declarado vulnerada la garantía de no discriminación del artículo 2° del Código del Trabajo, estableciendo la obligación de indemnizar.
Indemnización directoras Freirina: precedente judicial en educación
El tribunal señaló que existían indicios suficientes de discriminación al constatar que las tres trabajadoras fueron las únicas desvinculadas pese a que sus funciones fueron asumidas por otras educadoras con remuneraciones prácticamente equivalentes. “La diferencia de trato se relacionó exclusivamente con la actividad de reclamo desarrollada por las demandantes”, indicó la sentencia.
En cuanto a las cifras, la Corte determinó una indemnización equivalente a seis remuneraciones mensuales para cada directora, más reajustes e intereses legales, sin costas. El fallo no abordó la demanda subsidiaria y rechazó el recurso de nulidad interpuesto por el Servicio, que alegaba infracción de ley y vulneración de la sana crítica.
Próximas etapas y repercusión en la gestión educativa
La decisión refuerza la protección de los derechos laborales de los docentes y directivos de educación en la Provincia del Huasco, obligando al empleador a cumplir con los pagos y a revisar sus procesos de desvinculación. El SLEP deberá ajustar sus protocolos de evaluación y justificación de despidos, mientras que las organizaciones sindicales locales anticipan una mayor vigilancia de posibles represalias.
Para la comunidad de Freirina, la sentencia representa un reconocimiento de la lucha contra la discriminación y un llamado a garantizar la estabilidad laboral en el sector educativo. Se espera que la medida impulse un debate regional sobre la transparencia en la gestión de recursos humanos en los establecimientos educativos.
