Una cadena de fallos técnicos en el sistema de seguridad ferroviaria LZB, registrada en la ficha de incidencia abierta por el gestor de infraestructuras Adif a las 8:30 del miércoles 28, precedió al accidente entre un tren AVE de Renfe y una unidad de Iryo en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, a la altura de la localidad toledana de Urda. El siniestro, ocurrido a las 8:53, dejó un balance de 69 víctimas mortales y ha puesto bajo escrutinio el funcionamiento de los sistemas de señalización y los protocolos de actuación ante caídas del LZB. La ficha, conocida internamente como GIFO, describe una serie de incidencias concatenadas que derivaron en instrucciones inconexas a los maquinistas desde el centro de mando de Madrid-Atocha.
El sistema LZB, de origen alemán, comunica los trenes con la infraestructura, modula la velocidad de circulación e impide que los convoyes entren en riesgo de colisión. En el tramo afectado, Adif dispone de una central con tres ordenadores que dan servicio a este sistema. Cuando las órdenes de al menos dos de esos equipos no coinciden, el LZB se desactiva automáticamente. Según el relato del ministro de Transportes, Óscar Puente, esa caída motivó la parada de seis trenes, entre ellos los dos siniestrados. Pese a quedar inhábil, el sistema de seguridad cumplió su función de frenar el tráfico sin que se registraran problemas graves hasta ese momento.
Fallos concatenados en la central LZB de Urda
La ficha de Adif detalla que la avería se originó por una “Caída central LZB Urda, con fallos de transmisión generalizados Meta 40 y Meta 0”. A ello se sumaron otras incidencias: fallos en las comunicaciones GSM-R en el punto, pérdida intermitente de información en los circuitos de vía de Urda y pérdida de tensión a la salida de la estación en ambas vías, junto con la ocupación del circuito CV237. Estos cuatro problemas concretaron la pérdida del LZB. La empresa pública constató que las limitaciones temporales de velocidad del tramo estaban correctamente señalizadas y que, tras el fallo, se circulaba con el sistema BSL (balizas laterales) hasta recuperar la transmisión fuera de la central.
Un portavoz oficial de Adif aclaró posteriormente que “todas las comunicaciones entre el centro de control de Atocha y los maquinistas se realizaron sin problemas” y que, aunque se incluyó la referencia al GSM-R en la ficha, “se ha verificado lo ocurrido y confirmado que el contacto entre Atocha y los maquinistas no falló y que en ningún caso tuvo una relación directa con el accidente”. La investigación policial y técnica deberá determinar ahora el estado de los equipos, a los que se prohibió el acceso a la empresa encargada del mantenimiento, Hitachi Rail, una vez que el caso pasó al juzgado de instrucción de Orgaz.
Protocolo de circulación bajo revisión y impacto en la seguridad ferroviaria
El ministro Puente reconoció que el control de la circulación de Adif “tuvo tiempo para evitar la tragedia” y admitió que se aplicó erróneamente el protocolo de circulaciones en caso de caída del LZB y de existencia de obstáculos en la vía. Pese a la orden de reanudación de la marcha que recibió el AVE de Renfe, la velocidad de avance nunca debió rebasar los 40 kilómetros por hora, lo que en el argot ferroviario se conoce como marcha a la vista. Además, Puente afirmó que el tren que tenía detrás nunca debió ser liberado hasta que el primero hubiera recuperado la marcha. El AVE alcanzó entre 160 y 200 kilómetros por hora antes de impactar contra la unidad de Iryo, según estimó la Autoridad Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes (AITAT) en un primer informe.
El accidente ha reavivado el debate sobre la robustez de los sistemas de seguridad ferroviaria y la gestión de incidencias. En lo que va de año, se han registrado 170 averías de distinta naturaleza que han tumbado el LZB en la misma línea de alta velocidad, según datos aportados por el ministro Puente, quien señaló que el 75% de ellas se debieron a causas ajenas a Adif. La magnitud de la tragedia, con 69 fallecidos, ha conmocionado a la opinión pública y ha llevado a las autoridades a anunciar una revisión exhaustiva de los protocolos y de las condiciones técnicas de la infraestructura. Mientras tanto, las familias de las víctimas y la ciudadanía exigen respuestas y garantías de que hechos similares no volverán a ocurrir.
