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Una nueva polémica por las rebajas de penas a abusadores sexuales de menores remeció esta semana el escenario político nacional, luego de que el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, respondiera con dureza a los cuestionamientos del exministro de Justicia Hernán Larraín (UDI). El intercambio, que tuvo lugar en la red social X, reabrió un controvertido capítulo de la trayectoria política del exsecretario de Estado y evidenció una nueva fractura al interior de la derecha chilena. La disputa se originó a raíz de las 56 rebajas de condena concedidas por el actual ministro de Justicia, Fernando Rabat, quien invocó jurisprudencia de la Corte Suprema para otorgar los beneficios, decisión que generó críticas transversales desde diversos sectores políticos.
El contexto de esta controversia se remonta a la implementación de la Ley 21.421, impulsada durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, que excluyó de las rebajas de penas a condenados por determinados delitos sexuales contra menores. Larraín, quien fuera ministro de Justicia en esa administración, recordó públicamente que dicha normativa buscaba impedir que abusadores sexuales accedieran a beneficios penitenciarios, y sostuvo que fallos recientes avalan aplicar esa prohibición. Sus declaraciones apuntaban a contradecir la defensa del ministro Rabat, quien había concedido las rebajas amparándose en jurisprudencia del máximo tribunal. Este escenario puso en entredicho la aplicación de la ley y abrió un flanco de críticas hacia la gestión actual en materia de justicia.
El dardo de Squella y la sombra de Colonia Dignidad en la polémica por rebajas de penas
La respuesta de Squella no se hizo esperar. A través de su cuenta en X, el líder republicano escribió: “Qué valioso habría sido tener vigente esta ley en la época de Paul Schafer, no crees Hernán?”, aludiendo al fallecido líder de Colonia Dignidad, condenado por abusos sexuales contra menores. La referencia no fue casual: durante los años 90, Larraín defendió públicamente el enclave alemán y cuestionó los operativos policiales contra Schäfer, llegando a calificarlos como parte de un “montaje”, según documentó El Mostrador. Años después, el exsenador aseguró que había sido engañado, negó haber sido amigo del líder de la secta y sostuvo que su intervención buscaba preservar el funcionamiento del hospital del recinto. La frase de Squella reavivó así uno de los episodios más sensibles de la biografía política de Larraín, quien no respondió de inmediato a la alusión.
Desde el oficialismo, el diputado Luis Fernando Sánchez también cuestionó al exministro Larraín. “Era bien fácil poner una norma que dijera claramente que aplica la ley vigente a la fecha de pedirse el beneficio. No lo hizo”, afirmó, acusándolo de confiar en las “buenas intenciones” de los jueces. Sánchez extendió sus críticas a los ministros posteriores, a quienes reprochó no haber alertado al Congreso sobre los fallos judiciales. “Quizás no les molestaba tanto el resultado. La izquierda siempre ha sido generosa con los delincuentes”, lanzó. La crítica a la redacción de la norma contrasta con la historia legislativa de 2022, donde quedó consignado que, según Larraín, la exclusión debía aplicarse inmediatamente a las nuevas postulaciones, incluso respecto de condenas anteriores.
Desde la oposición, el diputado socialista Juan Santana destacó que “el Ministro de Justicia de Piñera contradice completamente al Ministro de Justicia de Kast”. La diputada comunista Irací Hassler compartió la declaración sin comentarios, mientras el exministro Giorgio Jackson la acompañó con un escueto “Game over”. Las reacciones cruzadas evidencian que el debate por las rebajas de penas no solo enfrenta a oficialismo y oposición, sino que también expone las tensiones internas en la derecha, donde las figuras de Larraín y Squella representan sensibilidades distintas respecto de cómo abordar la seguridad y la justicia.
Impacto en la agenda legislativa y proyecciones del debate por rebajas de penas
El cruce de declaraciones entre Squella y Larraín no solo tuvo repercusiones mediáticas, sino que también podría influir en la tramitación de futuras iniciativas legales en materia de delitos sexuales contra menores. La controversia por las rebajas de penas ha instalado la necesidad de revisar la normativa vigente para evitar que condenados por estos delitos accedan a beneficios que la ley buscaba impedir. Expertos en justicia penal han señalado que la jurisprudencia de la Corte Suprema ha generado interpretaciones dispares, lo que hace necesario un pronunciamiento legislativo que zanje la discusión. En ese contexto, el gobierno del presidente Kast deberá definir si impulsa una nueva ley o si instruye al ministro Rabat para que modifique su criterio de aplicación de los beneficios.
La polémica también tiene un impacto directo en la opinión pública, especialmente entre las organizaciones de víctimas de abuso sexual infantil, que han manifestado su preocupación por la concesión de rebajas a condenados por estos delitos. Para la comunidad, la señal que emana del caso es la de un sistema judicial que aún no logra cerrar las brechas que permiten que abusadores sexuales accedan a beneficios penitenciarios. El debate, además, se produce en un año marcado por la discusión de la agenda de seguridad, por lo que se espera que el tema sea abordado en el Congreso en las próximas semanas. Mientras tanto, las bancadas de derecha deberán recomponer sus filas y definir una postura común que evite nuevas fracturas y que responda a las demandas ciudadanas por justicia y protección de la infancia.
