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Una profunda crisis política enfrenta el Gobierno del Presidente José Antonio Kast luego de que se conociera que su administración rebajó la condena a 56 pederastas que cumplían sentencias en distintos penales del país, y al menos a dos violadores de derechos humanos de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). La medida, dada a conocer este viernes 23 de octubre de 2026, contradice directamente la promesa de campaña de Kast, quien llegó al poder en marzo pasado con un discurso centrado en el cuidado de la familia, la niñez y la seguridad pública con mano dura.
El Ejecutivo no ha logrado salir de una controversia que golpea el corazón de su programa de gobierno: el combate contra la delincuencia en todos sus frentes. La rebaja de condenas a condenados por delitos sexuales contra menores ha generado un terremoto político, con críticas que provienen no solo de la oposición, sino también de expertos en materia penal y de sectores del propio oficialismo. La situación se torna especialmente delicada porque afecta la credibilidad de una administración que se definió precisamente por su promesa de endurecer las penas y proteger a la infancia.
Rebaja de condenas a pederastas: el detalle de la polémica medida
Según la información conocida, los 56 pederastas beneficiados se encuentran en su «mayoría» en libertad, lo que ha encendido las alarmas de organizaciones sociales y de defensa de la niñez. La decisión administrativa habría sido adoptada en el marco de algún mecanismo de revisión de condenas, aunque el Gobierno no ha entregado mayores detalles sobre los criterios utilizados ni sobre los delitos específicos por los que fueron condenados estos individuos. La falta de transparencia ha alimentado aún más las suspicacias.
El caso de los dos violadores de derechos humanos de la dictadura también ha generado indignación, pues se trata de condenados por delitos de lesa humanidad que, bajo la misma lógica, habrían visto reducidas sus penas. Organismos de derechos humanos han expresado su rechazo absoluto a cualquier beneficio que pueda interpretarse como impunidad para quienes cometieron graves violaciones durante el régimen militar.
Reacciones políticas y sociales: oposición y oficialismo cuestionan la medida
La oposición ha sido categórica en sus críticas. Diversos parlamentarios han calificado la situación como «inaceptable» y han exigido explicaciones inmediatas al ministro de Justicia y al propio Presidente Kast. «No puede ser que un gobierno que prometió mano dura contra la delincuencia termine liberando a pederastas y a violadores de derechos humanos. Esto es una contradicción absoluta», señaló un diputado de oposición, quien prefirió no ser identificado hasta que se conozcan más antecedentes.
Expertos en derecho penal han advertido que este tipo de rebajas, si no se ajustan a los protocolos establecidos, podrían constituir un precedente peligroso y afectar la confianza en el sistema judicial. Asimismo, desde el propio oficialismo han surgido voces disidentes. Un alto dirigente de uno de los partidos que integran la coalición gobernante manifestó su «preocupación» y pidió que se aclare públicamente la situación, pues «esto no es lo que votamos ni lo que prometimos a los chilenos».
Impacto en la seguridad pública y próximos pasos
La crisis ha puesto al Gobierno en una posición incómoda, justo cuando intentaba posicionar su agenda de seguridad. La rebaja de condenas a pederastas y violadores de derechos humanos no solo contradice el discurso oficial, sino que también podría tener efectos concretos en la percepción de la ciudadanía respecto al combate contra la delincuencia. Organizaciones de víctimas han anunciado que presentarán recursos de protección y exigirán que se revise cada caso en particular.
Se espera que en las próximas horas el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos emita un comunicado aclarando los alcances de la medida y los criterios aplicados. Mientras tanto, el Presidente Kast no ha realizado declaraciones públicas sobre el tema, lo que ha aumentado la presión sobre su administración. La oposición ha anunciado que solicitará una sesión especial en el Congreso para abordar la situación y citar a los ministros responsables. El caso promete seguir escalando y convertirse en uno de los mayores desafíos políticos para el gobierno en lo que va de su mandato.
