La seguridad minera en Chile volvió a encender las alertas tras la seguidilla de accidentes fatales que, en lo que va de 2026, suma 12 víctimas mortales. El 13 de octubre, el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) informó que tres trabajadores habían muerto en apenas 48 horas: dos en la mina El Teniente, en la Región de O’Higgins, y uno en la Región de Coquimbo. La cifra desglosada por tipo de faena es elocuente: seis corresponden a la gran minería, cinco a la minería artesanal y una a la pequeña minería. Frente a este escenario, el director de la Cámara Minera de Chile, Carlos Delgado Q., publicó un análisis en el que sostiene que el denominador común de estas tragedias no está necesariamente en la conducta insegura del trabajador, sino en la falla de los sistemas de gestión para identificar, controlar y verificar los riesgos críticos.
El artículo, difundido por G5noticias, plantea una pregunta urgente que trasciende la investigación de cada caso individual: ¿por qué la organización permitió que un trabajador quedara expuesto a un peligro capaz de matarlo? Delgado distingue entre el mecanismo inmediato de un accidente y las causas profundas que permitieron que ese peligro siguiera existiendo en la faena. Su hipótesis apunta a tres brechas fundamentales que deben ponerse a prueba en la minería chilena, un sector que aporta una parte significativa del PIB nacional y que emplea a miles de personas en regiones como Atacama, Antofagasta y O’Higgins.
Las tres brechas que explican la persistencia de los riesgos críticos en la minería
La primera brecha identificada por Delgado es la falla de los controles críticos. En minería, los peligros que matan son conocidos: derrumbes, caída de roca, aludes, atrapamientos, liberación de energía e interacción persona-equipo. El experto cuestiona si estos riesgos estaban solo en una matriz teórica o si existían barreras reales y eficaces. «En un alud, por ejemplo, ¿había criterios objetivos para detener la operación?, ¿se monitoreaba geotecnia y meteorología?, ¿existían zonas de exclusión verificadas?, ¿quién tenía la autoridad para retirar a la gente cuando cambió la condición?», se pregunta. Su conclusión es categórica: «Si el control estaba solo en el papel, no era control».
La segunda brecha es la distancia entre la seguridad declarada y la seguridad operacional. Muchas faenas cuentan con sistemas certificados, procedimientos, auditorías y comités, pero ello no garantiza que el riesgo esté controlado en terreno. «Tener un procedimiento no es lo mismo que verificar que se cumple, que controla el riesgo y que la operación se detiene cuando deja de ser segura», advierte Delgado. A su juicio, se puede tener buenos indicadores de accidentabilidad general y, al mismo tiempo, fallar en lo que más importa: impedir eventos de baja frecuencia y consecuencia catastrófica. La tercera brecha es la responsabilidad de la línea de mando. La seguridad no puede descansar solo en el trabajador ni en el prevencionista; directorio, gerencia general, operaciones, superintendencias, supervisión y empresas contratistas deben responder si tienen autoridad, recursos e incentivos para detener la operación cuando el riesgo es intolerable.
Las cifras de Sernageomin y la necesidad de anticiparse a las tragedias
El análisis de Delgado se sustenta en datos oficiales. Según el Anuario de la Minería 2023 de Sernageomin, de 54 accidentes fatales analizados entre 2019 y 2023, el acto más frecuente fue «no asegurar ni advertir el peligro», con un 34,3%. Sin embargo, el experto advierte que esa cifra no explica por sí sola la falla. «Si alguien entra a una zona peligrosa, hay que preguntar por qué podía acceder, si había barreras físicas, si la señalización era clara, si la supervisión lo sabía y si ya había habido incidentes similares sin corrección efectiva», argumenta. De ahí que insista en la necesidad de distinguir entre la responsabilidad individual y la responsabilidad sistémica de la organización.
El director de la Cámara Minera de Chile también aborda la diversidad del sector. «La minería chilena no es una sola. Gran, mediana, pequeña y artesanal enfrentan realidades distintas y requieren estándares rigurosos pero adecuados a su contexto», señala. No obstante, subraya que «lo que no puede variar es el principio»: no basta con demostrar que existe un sistema de seguridad, hay que demostrar que ese sistema impide que un trabajador quede expuesto a un riesgo que puede matarlo. En esa línea, evita anticipar juicios sobre Sernageomin o sobre empresas específicas, pero sí plantea la necesidad de preguntar si la fiscalización y la gestión permiten anticiparse o si la intervención más dura llega solo después de la muerte.
El artículo concluye con una reflexión que apunta al corazón del problema: «Mientras sigamos preguntando solo qué hizo mal la persona, seguiremos llegando tarde. La pregunta que salva vidas es otra: ¿qué barrera debía impedir esta muerte, por qué no funcionó y quién debía garantizar que funcionara?». La seguidilla de accidentes fatales en 2026, con 12 víctimas en lo que va del año, instala un desafío urgente para la industria, los organismos fiscalizadores y el conjunto de la sociedad chilena. La seguridad minera, sostiene el análisis, requiere un enfoque sistémico que priorice la identificación y el control efectivo de los riesgos críticos por sobre la mera existencia formal de procedimientos.
