Un profundo rechazo transversal generó en diversas corporaciones edilicias del país la reciente decisión de la Contraloría General de la República de establecer, mediante un dictamen, que los funcionarios a honorarios no pueden participar de las celebraciones por el Día del Funcionario Municipal. Bajo la consigna de «o todos, o ninguno», corporaciones como las de Huechuraba, Machalí, Peñalolén, La Florida y Las Condes decidieron suspender drásticamente sus festejos oficiales programados para fines de octubre, abriendo un intenso debate sobre la equidad laboral dentro de los gobiernos locales y la estrechez fiscal que afecta a distintas comunas del territorio nacional.
El conflicto administrativo se originó a partir de una consulta formal realizada por la Municipalidad de Cañete, la cual motivó al órgano fiscalizador a recordar que la festividad del gremio municipal se rige por un decreto de 1997. No obstante, la Contraloría fundamentó su resolución en la Ley 18.883, correspondiente al Estatuto Administrativo de los Funcionarios Municipales, estipulando que las contrataciones bajo la modalidad de honorarios se circunscriben a personas que no se integran de forma permanente al servicio ni quedan sujetas a una intensa dirección jerárquica. Por consiguiente, la entidad dictaminó que dichos trabajadores no poseen la calidad jurídica de funcionarios municipales, marginándolos de manera formal de las actividades conmemorativas.
Rechazo transversal de alcaldes y sindicatos ante exclusión
La medida desató una ola de molestia y solidaridad entre las administraciones comunales y las directivas sindicales. En la comuna de Huechuraba, liderada por el alcalde Maximiliano Luksic, la suspensión se acordó directamente con ambas organizaciones gremiales al advertir que casi la mitad de la dotación laboral se desempeña bajo la modalidad a honorarios. Una postura similar adoptó el jefe comunal de Machalí, Juan Carlos Abud, quien canceló el evento institucional en respaldo a los colaboradores excluidos por el dictamen fiscalizador.
Por su parte, en administraciones como Peñalolén, encabezada por Miguel Concha, la decisión de anular los festejos combinó el malestar por la resolución de la Contraloría con severas razones de austeridad fiscal, aludiendo directamente a déficits presupuestarios heredados. En tanto, el alcalde de La Florida, Daniel Reyes, reforzó una política de contención del gasto implementada en su gestión, señalando que los recursos municipales deben priorizar las urgencias sociales de la comunidad por sobre las celebraciones corporativas, postura respaldada por amplios sectores ciudadanos que valoran la prudencia financiera.
Emergencias comunales y disparidad en la ejecución de eventos
A las razones de carácter legal y presupuestario se sumaron factores de emergencia local, tal como ocurrió en Las Condes, donde la alcaldesa Catalina San Martín y el concejo municipal enfrentaron cuestionamientos ciudadanos previos por los millonarios montos asociados a la producción, banquetería y arriendo de recintos privados para la ocasión. Sin embargo, la suspensión definitiva de los festejos en dicho sector oriente se concretó de manera ineludible a raíz del aluvión que afectó severamente a la zona de San Carlos de Apoquindo, obligando a volcar todos los esfuerzos operativos y financieros hacia la asistencia de los vecinos damnificados.
En contraste con estas cancelaciones masivas, un grupo de municipalidades —entre las que figuraron Vitacura, Lo Barnechea, Santiago y Ñuñoa— optó por llevar a cabo sus celebraciones argumentando que contaban con contratos y licitaciones debidamente adjudicadas con anterioridad a la emisión del dictamen de la Contraloría. Con todo, este episodio dejó en evidencia la compleja tensión laboral que subsiste en el sector público chileno respecto a la precariedad y diferenciación de los regímenes de contratación, generando un precedente significativo para las futuras conmemoraciones del gremio municipal en todo el país.
