En una nueva muestra de respaldo a su gabinete, el presidente de la República, José Antonio Kast, defendió públicamente este martes a su ministro de Justicia, Fernando Rabat, en medio de la crisis política que estalló hace casi dos semanas por la rebaja de condenas a 56 agresores sexuales de menores. Desde Roma, donde se encuentra en gira por Europa, el mandatario asumió la responsabilidad política por los decretos que permitieron la libertad de los condenados y desafió a la oposición a presentar la acusación constitucional en contra del secretario de Estado. “La responsabilidad política la asumí yo, porque soy el presidente de la República”, declaró Kast en una rueda de prensa tras reunirse con la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni.
La controversia se originó a partir de la firma de decretos que rebajaron las condenas de 56 personas condenadas por delitos sexuales contra menores, lo que provocó una ola de críticas desde diversos sectores políticos y sociales. La oposición anunció que presentará una acusación constitucional contra el ministro Rabat por su responsabilidad en estos indultos, argumentando que se habría excedido en sus atribuciones y puesto en riesgo la seguridad de las víctimas. Este escenario ha tensionado al oficialismo y ha obligado al presidente a salir al paso de las críticas en reiteradas ocasiones, incluso desde el extranjero.
Kast asume responsabilidad política y desafía a la oposición
En su intervención, el jefe de Estado fue enfático en señalar que cualquier acción política en su contra o la de su ministro debe canalizarse a través de los mecanismos institucionales. “Que presenten la acusación mañana”, expresó desafiante, refiriéndose a la acción que la oposición tiene previsto interponer en el Congreso. Kast insistió en que no removerá a Rabat de su cargo y que la decisión de los decretos fue parte de una política de gobierno que él lidera. “No voy a sacrificar a un ministro que ha trabajado incansablemente por la justicia”, agregó, según consignó el medio El País Chile.
La postura del presidente ha generado reacciones encontradas. Mientras algunos sectores del oficialismo respaldan su decisión de asumir la responsabilidad política, otros critican la defensa a ultranza de un ministro cuestionado. La oposición, por su parte, ha señalado que la acusación constitucional no es contra el presidente sino contra el ministro, y que buscarán establecer las responsabilidades administrativas y penales que correspondan. El libelo sería presentado en los próximos días, según anunciaron voceros de los partidos de oposición.
Impacto en la agenda legislativa y la confianza pública
El caso ha tenido un fuerte impacto en la opinión pública, especialmente entre organizaciones defensoras de los derechos de la infancia, que han manifestado su repudio a la liberación de los agresores sexuales. Diversas encuestas han mostrado un aumento en la desaprobación hacia la gestión del presidente Kast en materia de justicia, lo que podría afectar su agenda legislativa en el Congreso. Además, la crisis ha opacado la gira presidencial por Europa, cuyo objetivo era fortalecer lazos comerciales y diplomáticos con Italia y otros países.
Para las comunidades de la Región de Atacama y la Provincia del Huasco, este conflicto político nacional reviste especial interés, ya que las políticas de seguridad y justicia implementadas por el gobierno tienen un impacto directo en la ciudadanía. Organizaciones locales han expresado su preocupación por la señal que se envía al permitir la liberación de condenados por delitos graves, lo que podría minar la confianza en las instituciones. Se espera que en los próximos días se conozcan más detalles sobre la acusación constitucional y sus posibles efectos en la estabilidad del gabinete.
