El excomandante en jefe del Ejército Óscar Izurieta Ferrer fue condenado este martes de manera unánime por dos delitos de lavado de activos, en el marco de una investigación que estableció el desvío de gastos reservados de la institución castrense para pagar una “mesada” a exjefes del Ejército. La sentencia, adoptada por unanimidad, pone fin a un proceso que se originó en 2022 y que fue liderado por la Fiscalía Regional de Los Lagos, a cargo de la fiscal Carmen Gloria Wittwer y el persecutor anticorrupción Marco Muñoz Becker.
Los hechos se remontan a la década pasada, cuando los entonces comandantes en jefe Juan Miguel Fuente-Alba y Humberto Oviedo sustrajeron fondos del presupuesto confidencial del Ejército, recursos que en teoría debían destinarse a labores de orden público, seguridad, inteligencia y contrainteligencia. Sin embargo, según la acusación, esos dineros se canalizaron bajo el rótulo “Apoyo Ex-CJE” para entregar pagos en efectivo, en sobres cerrados y sin registro contable, a excomandantes en jefe. Izurieta recibió estos pagos mensuales desde abril de 2010 hasta al menos febrero de 2018, con montos que escalaron de $400 mil a $1 millón mensuales, totalizando entre $61,2 y $78 millones.
La trama de lavado de activos y el uso de los fondos reservados
La investigación comprobó que Izurieta utilizó parte de esos recursos para pagar en efectivo 36 cuotas del crédito hipotecario de un departamento en Las Condes, edificio Atalaya, por un monto aproximado de $14,9 millones entre 2012 y 2015. El inmueble fue arrendado y generó al menos $166,2 millones en rentas entre 2010 y 2025. Además, en 2019, tras la difusión pública del caso, el general (r) rectificó seis declaraciones de renta correspondientes a los años tributarios 2013 a 2018, declarando $51,2 millones como rentas de “contabilidad simplificada” sin indicar su procedencia. Para la fiscalía, esta maniobra buscaba dar apariencia de legitimidad a fondos ilícitos a través del sistema tributario.
El expediente también revela que en 2021 Izurieta donó el departamento a su hija con autorización judicial, pero ella le otorgó un poder indefinido para arrendarlo y cobrar las rentas, de modo que él conservó el uso y goce del bien. Desde 2022, parte de las rentas se canalizó a la cuenta bancaria de su cónyuge, que según la acusación sirvió para almacenar, administrar y distribuir los fondos. La ministra Romy Rutherford, del fuero militar, fue clave en el inicio de la indagatoria al someter a procesamiento al oficial por malversación de caudales públicos, y luego remitió los antecedentes por lavado al Ministerio Público.
Impacto institucional y desafíos en la transparencia de las Fuerzas Armadas
La condena de un excomandante en jefe del Ejército por lavado de activos constituye un golpe significativo para la imagen de las Fuerzas Armadas y reabre el debate sobre el uso y control de los gastos reservados, un mecanismo que ha estado en el centro de diversas investigaciones en Chile. El caso se suma a los procesos que ya enfrentan Fuente-Alba y Oviedo, y evidencia la necesidad de reforzar los mecanismos de fiscalización y transparencia en el manejo de recursos públicos, incluso en áreas sensibles como la inteligencia y la seguridad nacional.
La sentencia, que aún debe ser redactada en su integridad, podría contemplar penas de presidio y multas para Izurieta, además de las consecuencias patrimoniales derivadas del comiso de bienes. El fallo también sienta un precedente sobre la responsabilidad de los altos mandos en el uso de fondos reservados y la obligación de rendir cuentas ante la justicia ordinaria. Para la comunidad, el caso refuerza la importancia de que las instituciones armadas rindan cuentas con transparencia y que los recursos destinados a la seguridad del país no sean desviados para beneficio personal.
