El plan para simplificar permisos de seguridad minera fue el eje central de la presentación que el Gobierno realizó este martes 20 de octubre durante la inauguración de Expo FOREDE 2026 en Copiapó. El subsecretario y ministro subrogante de Minería, Álvaro González, expuso ante representantes empresariales, autoridades regionales y ejecutivos del sector la agenda de modernización regulatoria que busca reducir de 55 a aproximadamente 30 los procedimientos asociados a la seguridad minera, con el objetivo de disminuir cargas administrativas y acelerar la tramitación de proyectos. La iniciativa se enmarca en una estrategia para facilitar inversiones en una industria que mantiene una cartera proyectada superior a US$104.000 millones hacia 2034.
La actividad, desarrollada en el Parque El Pretil de la capital regional, corresponde a la décima edición del encuentro organizado por la Corporación para el Desarrollo de la Región de Atacama (CORPROA). En su intervención, González presentó los principales componentes del plan minero 2026-2030, estructurado en tres prioridades: mejorar las condiciones regulatorias para invertir, modernizar los procedimientos administrativos y fortalecer las capacidades de las instituciones responsables de supervisar la actividad. Este plan se suma a otras medidas que el Ejecutivo ha venido impulsando para dinamizar el sector, como la revisión de los criterios de ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y el proyecto de ley que modifica el régimen de patentes mineras.
Plan para simplificar permisos de seguridad minera: alcance y detalles
Uno de los puntos centrales de la presentación fue la reorganización de los permisos contemplados en el Reglamento de Seguridad Minera, normativa que establece obligaciones técnicas para el desarrollo y funcionamiento de las faenas. El Ejecutivo plantea eliminar duplicidades, integrar autorizaciones y reemplazar determinados procedimientos por mecanismos administrativos alternativos. El objetivo es reducir las exigencias de tramitación sin modificar las obligaciones fundamentales de seguridad que deben cumplir los operadores. «Buscamos que los permisos no sean un cuello de botella para la inversión, pero manteniendo los estándares de seguridad que son irrenunciables», habría señalado el subsecretario durante su exposición, según consignó el medio especializado REDIMIN.
Aunque durante Expo FOREDE se presentó la reducción de 55 a 30 permisos, el Ministerio de Minería había detallado en agosto una estructura más específica: 13 permisos sectoriales y 18 técnicas habilitantes alternativas, estas últimas basadas en declaraciones juradas. La diferencia es relevante porque no todas las autorizaciones desaparecen; parte de ellas se sustituye por instrumentos que permiten acreditar el cumplimiento de requisitos mediante declaraciones del titular, sujetas a las condiciones legales correspondientes y a las facultades de fiscalización del Estado. La modificación reglamentaria fue ingresada a la Contraloría General de la República en agosto de 2026, y su sola presentación ante ese organismo no supone que todas las disposiciones propuestas se encuentren vigentes. Por esta razón, el alcance efectivo de la simplificación dependerá del texto definitivo, su entrada en vigor y los procedimientos que establezca el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) para aplicarla.
Otras medidas regulatorias y su impacto en la industria
La agenda presentada en Copiapó contempla otras medidas destinadas a modificar el funcionamiento del sistema regulatorio minero. Entre ellas figura la revisión de los criterios de ingreso al SEIA, particularmente los umbrales utilizados para determinar cuándo determinadas actividades productivas y de exploración deben someterse a evaluación. El Gobierno ha planteado aumentar algunos límites aplicables a proyectos de extracción y campañas de exploración, con el argumento de adecuar las exigencias administrativas a la escala de las iniciativas. Estos cambios corresponden a una línea de trabajo distinta de la modificación del Reglamento de Seguridad Minera y su aplicación dependerá de los procedimientos regulatorios correspondientes, sin que ello suponga una eliminación general de las obligaciones ambientales.
A ello se agrega el proyecto de ley que modifica el régimen de patentes mineras, presentado anteriormente por el Ejecutivo para simplificar el acceso a beneficios y revisar el esquema de cobros progresivos. La iniciativa busca facilitar la actividad de pequeños y medianos productores, además de incentivar el desarrollo de concesiones y nuevos programas de exploración. En su conjunto, estas medidas apuntan a destrabar inversiones y a mejorar la competitividad del sector, en un contexto en que la industria minera enfrenta desafíos de productividad y crecientes exigencias ambientales y sociales.
Proyecciones y desafíos para la implementación
El plan para simplificar permisos de seguridad minera y las demás iniciativas regulatorias deberán superar diversas etapas antes de su entrada en vigencia. La modificación al Reglamento de Seguridad Minera se encuentra en revisión en la Contraloría, y se espera que su implementación efectiva tome varios meses. Además, el Ejecutivo deberá coordinar con Sernageomin y otros organismos fiscalizadores para asegurar que la reducción de trámites no comprometa los estándares de seguridad. Analistas del sector señalan que la medida podría reducir los tiempos de tramitación en alrededor de un 30%, lo que incentivaría nuevas inversiones y la ejecución de proyectos hoy postergados.
Para la Región de Atacama, y en particular para la Provincia del Huasco, este anuncio reviste especial importancia debido a la presencia de importantes operaciones mineras y una cartera de proyectos de exploración y explotación. La simplificación de permisos podría dinamizar la actividad en comunas como Vallenar, Freirina y Alto del Carmen, donde la minería constituye un pilar económico fundamental. Sin embargo, actores locales han manifestado la necesidad de que estos cambios se implementen con transparencia y con una fiscalización robusta, de manera que se resguarden las condiciones laborales y ambientales. El Gobierno ha asegurado que mantendrá los canales de diálogo con las comunidades y que la modernización regulatoria irá acompañada de un fortalecimiento de las capacidades institucionales.
