Un solo funcionario concentra los tres cargos del Conservador de Santiago tras la salida de quienes encabezaban dos de sus registros, una situación que ha despertado un intenso debate institucional en el país respecto al sistema de subrogaciones y la gestión de estas entidades. Se trata de Carlos Miranda, quien se desempeñaba como conservador de Hipotecas y Gravámenes y que ahora asumió transitoriamente las funciones correspondientes a los registros de Propiedad y Comercio, además de Interdicciones y Prohibiciones de Enajenar. La situación se produjo luego de la renuncia de Kamel Saquel en noviembre de 2025 y el posterior cese de funciones de Luis Maldonado, concretado el pasado 2 de octubre.
El caso escaló a la opinión pública luego de que un reportaje periodístico estimara que los tres oficios podrían generar ingresos conjuntos superiores a los $300 millones mensuales tras descontar gastos operativos. La normativa que ampara este procedimiento se encuentra en el artículo 449 del Código Orgánico de Tribunales, el cual establece un mecanismo especial de subrogación entre los conservadores de la capital según su antigüedad. Sin embargo, la aplicación de esta norma ha generado cuestionamientos jurídicos a raíz de la reciente legislación sobre notarios y conservadores, la cual eliminó la facultad de estos auxiliares de la administración de justicia para designar reemplazantes por cuenta propia e implementó límites de edad para el ejercicio de sus funciones.
Reacciones y aclaraciones sobre los ingresos del Conservador de Santiago
Ante las estimaciones difundidas sobre sus percepciones económicas, Carlos Miranda cuestionó que dichas cifras reflejen de manera efectiva sus ingresos líquidos. En declaraciones recogidas por el medio que destapó el reportaje, el funcionario explicó que los recursos percibidos por las tarifas de las actuaciones registrales deben destinarse obligatoriamente a financiar los costos operativos de la institución y el pago de remuneraciones para una planta de 470 trabajadores. En particular, detalló que tan solo el registro de Propiedad cuenta con 270 funcionarios cuyos sueldos, imposiciones y eventuales contingencias laborales o indemnizaciones deben cubrirse con dichos fondos, además de considerar los impuestos aplicables al ejercicio de la función.
Por su parte, especialistas en derecho administrativo y judicial han puesto el foco en la necesidad de agilizar los procesos de provisión de vacantes para este tipo de cargos estratégicos. Corresponde al Ministerio de Justicia convocar a los respectivos concursos públicos para llenar de manera definitiva las plazas vacantes, trámites institucionales que hasta la fecha de la revelación del reportaje aún no se habían materializado de forma oficial. Este escenario mantiene abierto un flanco de discusión sobre la modernización del sistema de nombramientos en el aparato judicial chileno y la transparencia en la administración de los registros públicos.
Proyecciones y plazos institucionales pendientes
Las próximas etapas estarán marcadas por las definiciones que adopte el Ministerio de Justicia en relación con la convocatoria a concursos públicos para nombrar a los nuevos conservadores titulares. La resolución de estas vacantes resulta clave para normalizar el funcionamiento del Conservador de Bienes Raíces de Santiago y dar cumplimiento a los estándares exigidos por la nueva normativa sectorial. Desde Enfoque Digital seguiremos monitoreando la evolución de este proceso administrativo y sus repercusiones en el sistema judicial del país.
