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Un nuevo flanco de debate público se abrió en la comuna de Huasco tras conocerse la contratación de Alejandro Santana Castillo, hermano del diputado del Partido Socialista (PS) Juan Santana Castillo, como administrador municipal en la gestión del alcalde Genaro Briceño Tapia (PS). La información fue confirmada a través de una solicitud de transparencia activa realizada por el medio digital El Zorro Nortino, que derivó en el ordinario 006/2026 del 7 de septiembre de 2026, donde la institución edilicia reconoce la incorporación del familiar del parlamentario. El decreto alcaldicio n.º 857, del 4 de agosto de 2026, establece que Santana Castillo fue designado en el cargo de planta grado 7.º, con una remuneración mensual que bordea los $3.554.914, una cifra que lo sitúa entre los funcionarios mejor pagados del municipio huasquino.
La situación adquiere relevancia institucional porque el diputado Juan Santana representa a la circunscripción que incluye la Provincia del Huasco y, desde su escaño, tiene la facultad de solicitar información, oficiar o requerir antecedentes a los municipios a través de la Cámara de Diputadas y Diputados, aunque la ley no le otorgue una facultad constitucional de fiscalización directa sobre las casas edilicias. El vínculo familiar con el administrador municipal pone sobre la mesa un eventual conflicto de interés que podría limitar la acción fiscalizadora del parlamentario en relación con la gestión de los recursos públicos y los actos administrativos del municipio que dirige Briceño Tapia. A ello se suma la figura del consejero regional (CORE) Juan Horacio Santana (PS), padre del administrador municipal y del diputado, quien cumple un rol de fiscalización de los recursos que el Gobierno Regional de Atacama aprueba para la Municipalidad de Huasco.
El debate sobre el conflicto de interés y la función fiscalizadora en Huasco
Consultado sobre el particular, el medio informante detalló que la contratación se produjo en el marco de la administración del alcalde Genaro Briceño Tapia, también militante socialista, lo que configura un cuadro de relaciones políticas y familiares que ha despertado suspicacias en la comunidad huasquina. Si bien no existe una prohibición legal explícita para que un hermano de un parlamentario ocupe un cargo de confianza en un municipio, la situación plantea un debate ético sobre la transparencia en el uso de los recursos públicos y la independencia de los órganos fiscalizadores. El diputado Santana, en su calidad de representante de la zona, podría verse inhibido de ejercer a cabalidad su rol de solicitar antecedentes sobre la gestión municipal, precisamente por el vínculo sanguíneo con uno de los altos directivos del municipio.
El cargo de administrador municipal es una de las posiciones de mayor responsabilidad en la estructura edilicia, pues coordina las distintas unidades y tiene injerencia directa en la ejecución presupuestaria y en los actos administrativos. Con un sueldo de $3.554.914, el hermano del diputado se ubica en la planta grado 7.º, lo que representa un monto significativo considerando la realidad socioeconómica de la comuna. La información fue obtenida mediante una solicitud de transparencia activa, lo que demuestra el interés ciudadano por conocer el destino de los recursos municipales y la composición de los equipos de confianza en la administración local.
Proyecciones y posibles consecuencias institucionales
El caso podría escalar a instancias de control y transparencia, tanto a nivel municipal como regional. La Contraloría General de la República podría ser llamada a pronunciarse sobre la legalidad del nombramiento y la eventual existencia de inhabilidades, mientras que el Consejo Regional de Atacama, donde se desempeña el padre del administrador municipal, podría enfrentar cuestionamientos sobre la fiscalización de los recursos que se transfieren al municipio huasquino. Organizaciones sociales y vecinos de Huasco han manifestado su preocupación por lo que consideran una señal de falta de probidad en la gestión pública local.
En los próximos días se espera que el municipio entregue mayores antecedentes sobre el proceso de selección y las funciones específicas del administrador municipal, así como también que el diputado Santana aclare públicamente si su vínculo familiar afecta o no su labor fiscalizadora. El debate sobre el conflicto de interés y la transparencia en la designación de cargos de confianza en las municipalidades de la Región de Atacama promete instalarse como un tema recurrente en la agenda pública regional, especialmente en un contexto donde la ciudadanía demanda mayor probidad de sus autoridades.
