El gobierno de Chile confirmó que no firmará su adhesión a la Coalición Contra los Cárteles de las Américas (A3C), la ofensiva antinarcóticos impulsada por el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En su lugar, solicitará ingresar únicamente como “país observador” en la cumbre de ministros y representantes que se celebrará en República Dominicana los próximos lunes 26 y martes 27 de octubre. La decisión, que se prevé comunicar oficialmente mediante un pronunciamiento de Estado, fue notificada recientemente a la diplomacia estadounidense a través del embajador Brandon Judd, según fuentes de La Moneda citadas por BioBioChile.
La determinación chilena se produce en un contexto de creciente presión de Washington por sumar aliados a su estrategia de seguridad regional. La A3C surgió a inicios de 2026 en el marco de la cumbre “Escudo de las Américas”, como una iniciativa de cooperación para combatir al crimen organizado transnacional y al narcotráfico. Estados Unidos sostiene que las herramientas tradicionales han fracasado frente a redes criminales con poder de fuego, logístico y financiero que desafían el control territorial de los Estados. Pese al interés inicial de Chile, el Ejecutivo concluyó que el escenario político actual no ofrece margen para suscribir un pacto de esta naturaleza, optando por una posición más cauta que la de Argentina, Perú y Bolivia, que sí estamparán su firma, mientras Brasil y Uruguay rechazaron incluso ser observadores.
Las razones de Chile para no adherir a la Coalición contra Cárteles
Fuentes del Ejecutivo explicaron que la decisión se fundamenta en la incompatibilidad del acuerdo con el marco normativo chileno y en la necesidad de evaluar el funcionamiento operativo de la alianza antes de considerar un eventual ingreso. “Chile prefiere evaluar el funcionamiento operativo de la alianza antes de considerar un eventual ingreso”, señalaron personeros de Palacio, quienes agregaron que el gobierno estadounidense aceptó los resguardos chilenos y postula una estrategia antinarcóticos articulada. Las tratativas comenzaron casi en paralelo a que José Antonio Kast asumiera como Presidente. La primera reunión ocurrió en marzo en Miami, donde el ministro de Defensa Nacional, Fernando Barros, firmó por instrucción de La Moneda una declaración de intenciones para combatir el crimen organizado internacional. Una segunda cita en Washington no incluyó a Chile en la nómina de invitados por razones no aclaradas, y la tercera fue la Cumbre de Ministros de Defensa de las Américas, dominada por requerimientos del Pentágono, como elevar el presupuesto de defensa al 5% del PIB y desvincularse de organismos internacionales de justicia.
En ese marco, el subsecretario de Defensa de Estados Unidos, Elbridge Colby, escribió en la revista Americas Quarterly: “Es fundamental que nuestros vecinos de la región inviertan más en su propia defensa y seguridad. No hay razón para que ningún país, especialmente aquellos que enfrentan importantes amenazas narcoterroristas, destine tan poco a defensa”. Estas declaraciones reflejan la presión de Washington por alinear a los países latinoamericanos bajo su estrategia, pero Chile ha optado por priorizar su autonomía normativa y diplomática. Además, el país ya había tenido fricciones previas con Estados Unidos por discrepancias en gastos militares y operaciones del Comando Sur, lo que añade un trasfondo de desconfianza mutua.
Impacto regional y proyecciones de la cumbre en República Dominicana
La decisión chilena tendrá repercusiones en el equilibrio regional. Mientras Argentina, Perú y Bolivia se pliegan a la coalición, Brasil y Uruguay se mantienen al margen, y Chile busca una posición intermedia como observador. Esta postura podría influir en la cumbre de República Dominicana, donde se espera que los países firmantes coordinen acciones conjuntas contra el narcotráfico. Para Chile, participar como observador le permitirá acceder a información y evaluar la operatividad de la alianza sin comprometerse formalmente, resguardando su marco jurídico y su política exterior autónoma. El pronunciamiento oficial del lunes 26 de octubre precisará los alcances de esta participación y las garantías obtenidas de Washington.
En el ámbito interno, la decisión podría generar debate político, especialmente en un contexto donde la seguridad y el combate al crimen organizado son prioridades para la ciudadanía. La Moneda deberá explicar que la no adhesión no implica un distanciamiento de la cooperación internacional, sino una cautela necesaria para proteger la soberanía normativa. Con la cumbre a la vista, Chile busca equilibrar su relación con Estados Unidos y su compromiso con la seguridad regional, mientras evalúa los resultados de la A3C antes de tomar una decisión definitiva. El gobierno chileno, a través de su cancillería y ministerio de Defensa, seguirá de cerca los acuerdos que se adopten en República Dominicana para determinar los próximos pasos.
