El presidente de Chile, José Antonio Kast, reconoció este lunes la existencia de un profundo error político e institucional tras desatarse la crisis en el gobierno de Kast, originada por la rebaja de penas a un grupo de 56 condenados por delitos de suma gravedad, principalmente abusos sexuales contra menores de edad. En un mensaje televisado desde el Palacio de La Moneda y acompañado por sus ministros, el mandatario asumió la responsabilidad política del Ejecutivo, señalando de forma categórica que las instituciones del Estado le fallaron a las víctimas y a la ciudadanía chilena en un asunto de máxima sensibilidad social.
La controversia estalló luego de que medios de investigación periodística revelaran que, entre marzo y septiembre del presente año, el Ministerio de Justicia firmó decretos para reducir las condenas a más de medio centenar de sentenciados por pederastia y violación, contraviniendo el espíritu de la legislación aprobada en 2022 que expresamente excluye a este tipo de infractores de beneficios orientados a premiar la buena conducta carcelaria. Asimismo, la prensa local documentó que la medida también favoreció a al menos dos individuos sentenciados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar de Augusto Pinochet, agudizando el rechazo transversal de la opinión pública y de las organizaciones sociales en todo el país.
Reacciones políticas y respaldo al ministro de Justicia
Las consecuencias de esta medida no tardaron en reflejarse en los sondeos de opinión, donde diversas mediciones señalan que la decisión es reprobada por el 92% de la ciudadanía, erosionando de manera ostensible la imagen pública del mandatario a siete meses de haber asumido el poder. Pese a la presión ejercida por partidos de oposición y agrupaciones de derechos humanos, quienes exigieron la inmediata destitución del ministro de Justicia, Fernando Rabat, el presidente Kast descartó removerlo de su cargo. El jefe de Estado argumentó que el titular de la cartera se encuentra trabajando en la corrección de los decretos y le encomendó la misión de esclarecer los hechos y garantizar que una situación administrativa de esta magnitud no vuelva a repetirse en el sistema penitenciario chileno.
Por su parte, el ministro Rabat intentó inicialmente justificar el actuar gubernamental aludiendo a normativas constitucionales de aplicación inmediata y a precedentes de la jurisprudencia de la Corte Suprema para reos condenados antes de la reforma de 2022. No obstante, dichos argumentos fueron públicamente rebatidos por la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, quien aclaró que la dictación de los decretos obedeció exclusivamente a las facultades legales radicadas en el Ministerio de Justicia, debilitando los argumentos técnicos esgrimidos por el Ejecutivo para blindar la cuestionada medida.
Proyecciones y medidas correctivas del Ejecutivo
De cara a los próximos días, el gobierno enfrenta el desafío imperativo de articular soluciones jurídicas efectivas para revertir los efectos de los decretos firmados, un proceso complejo debido a los resquicios legales y constitucionales que rodean la irrevocabilidad de ciertos actos administrativos. La administración central ha prometido máxima transparencia en la revisión de cada uno de los expedientes involucrados, mientras que el Congreso Nacional analiza la posibilidad de endurecer los mecanismos de fiscalización sobre la ejecución de penas y el otorgamiento de beneficios carcelarios. La crisis pone a prueba la capacidad de gestión y cohesión del gabinete, marcando un punto de inflexión político en el actual periodo presidencial chileno.
