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La rebaja de penas por delitos sexuales contra menores de edad desató una nueva fricción en el oficialismo, luego de que los senadores y timoneles de Republicanos, Arturo Squella, y de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, protagonizaran un duro cruce público en redes sociales. El intercambio se originó a raíz de una declaración del exministro de Justicia Hernán Larraín (UDI), quien contradijo al actual titular de la cartera, Fernando Rabat, principal foco de críticas por la firma de los decretos que beneficiaron a 56 condenados por abusos y violaciones a menores de edad.
El contexto de esta disputa se remonta al trámite legislativo de la ley aprobada en 2022 sobre rebaja de penas, en la que se especificó que el beneficio excluye a condenados por delitos de violación o abuso sexual a menores. Según expuso Larraín en su declaración, la Corte Suprema inicialmente estimó que los condenados con anterioridad a la vigencia de la ley tenían derecho al beneficio, pero en fallos recientes modificó esa posición y ha rechazado su entrega, reconociendo que la rebaja de condena no está comprendida en el principio de irretroactividad penal. Este criterio, según el exministro, recoge fielmente la historia fidedigna de la ley impulsada en resguardo de la indemnidad de la niñez.
El cruce entre Squella y Cruz-Coke por la rebaja de penas
Los dichos de Larraín no fueron bien recibidos por Squella, quien emplazó al exministro en la red social X: “Qué valioso habría sido tener vigente esta ley en la época de Paul Schafer, ¿no crees Hernán?”, escribió el líder republicano. La réplica vino de parte de Cruz-Coke, en defensa del otrora secretario de Estado, quien reprochó en duros términos al timonel republicano: “Arturo, diriges el partido del Presidente. Un mínimo de prudencia exige dominar este exabrupto de ira. Lamentable ventilar todo por acá. Así no se necesita oposición”, retrucó.
En medio de esta nueva disputa, el Presidente José Antonio Kast decidió blindar a Rabat y desestimó cualquier intención de remoción. El Ejecutivo, además, comprometió una salida legislativa y no cursar más decretos de rebaja de condenas. Sin embargo, sinceró que es complejo retrotraer los 56 beneficios ya ejecutados, lo que mantiene latente la crisis en La Moneda.
Impacto y proyecciones de la crisis oficialista
La fricción entre Republicanos y Evópoli evidencia las tensiones internas en el oficialismo y la dificultad de articular una postura común frente a un tema de alta sensibilidad pública como la rebaja de penas por delitos sexuales contra menores. El cruce público entre los timoneles no solo expone diferencias personales, sino también visiones distintas sobre cómo abordar la crisis: mientras Squella apunta a una crítica directa al exministro Larraín, Cruz-Coke llama a la prudencia y al cuidado de la imagen del partido del Presidente.
El blindaje a Rabat y el compromiso de una salida legislativa buscan contener la crisis, pero el daño ya está hecho en términos de confianza pública y cohesión oficialista. La oposición, por su parte, probablemente capitalizará este episodio para cuestionar la gestión del Ejecutivo en materia de justicia y protección de la infancia. En los próximos días, se espera que el debate legislativo sobre la rebaja de penas continúe, mientras los 56 beneficiados ya ejecutados permanecen como un flanco difícil de revertir. La ciudadanía, especialmente las víctimas y sus familias, observa con atención las señales de un gobierno que prometió mano dura contra los delitos sexuales y ahora enfrenta un cuestionamiento interno sobre la aplicación de la ley.
