En 1926, el secretario de Estado estadounidense Frank B. Kellogg planteó transferir los territorios de Tacna y Arica a Bolivia como una salida al conflicto territorial entre Perú y Chile tras la Guerra del Pacífico. La iniciativa fue documentada en reportes del Departamento de Estado de EEUU y en la sentencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya de 2018, correspondiente al caso Bolivia contra Chile. El historiador chileno Sergio González Miranda, Premio Nacional de Historia 2014, explica que se trató de una de varias alternativas impulsadas por Washington, pero ninguna prosperó.
El contexto histórico es fundamental. El Tratado de Ancón de 1883, firmado tras el fin de la Guerra del Pacífico, establecía en su artículo 3 que, pasado un plazo de diez años, se realizaría un plebiscito para decidir si Tacna y Arica quedaban bajo dominio chileno o regresaban al Perú. Esta cláusula generó una serie de negociaciones que nunca llegaron a buen puerto. «Estados Unidos hizo una serie de propuestas bien novedosas», dijo González Miranda, recordando iniciativas como reducir el territorio sometido al plebiscito o establecer un protectorado norteamericano. Sin embargo, ninguna avanzó.
La propuesta de Kellogg y el rechazo peruano
Frank B. Kellogg ocupó el cargo de secretario de Estado entre 1925 y 1929 y se le reconoce por sus gestiones de paz, incluyendo en Europa, donde promovió un tratado internacional para renunciar a la guerra como política nacional. Esto le permitió ganar el Premio Nobel de la Paz. La iniciativa específica se registró el 30 de noviembre de 1926, según la web del Departamento de Estado. El ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Jorge Matte respondió el 4 de diciembre del mismo año que la idea iba más allá de las concesiones que su gobierno estaba dispuesto a realizar, aunque no la rechazó completamente. Por su parte, el ministro peruano Pedro José Rada y Gamio expresó el 12 de enero de 1927 que su gobierno no la aceptaba.
«Esta solución de Kellogg le venía muy bien a Bolivia. Y Chile en realidad no dijo sí, pero lo iba a consultar, o sea, lo encontró plausible, por llamarlo de alguna manera, pero no se pronunció ni negativa ni positivamente. Pero Perú lo rechazó de plano», relató Sergio González Miranda. El académico también recordó que el protocolo complementario del Tratado de Lima de 1929 estableció que, si Perú o Chile deseaban ceder soberanamente a Bolivia una salida al mar por Tacna o Arica, necesitaban el consentimiento del otro país, cerrando toda posibilidad de negociación bilateral y exigiendo un formato trilateral.
Del fracaso de la comisión plebiscitaria al Tratado de Lima
«Nunca hubo un plebiscito», dijo el historiador chileno. Las negociaciones plebiscitarias fracasaron en 1927, lo que provocó que las tratativas volvieran a foja cero. Comenzaron entonces las negociaciones directas entre el embajador chileno en Lima, Emiliano Figueroa Larraín, y el presidente peruano Augusto B. Leguía, quien se había propuesto terminar con los litigios fronterizos durante su mandato. A pesar de cierto nivel de desconfianza previo, la firma del Tratado de Lima en 1929 estableció la división definitiva de ambos territorios. Durante las negociaciones, el gobierno boliviano intentó participar activamente en las conversaciones, ya que Kellogg escuchaba sus planteamientos; esta intervención se denominó la «tercera boliviana».
«Aparecieron todos los amores, en ese momento la sociedad peruana y la sociedad chilena estaban completamente de acuerdo con el Tratado de Lima y le dieron la espalda a Bolivia», dijo González Miranda. El Tratado de Lima representó el fin de las disputas territoriales entre los tres países y consolidó la frontera actual entre Chile y Perú, convirtiéndose en un hito fundamental en la historia diplomática sudamericana. La propuesta de Kellogg, en cambio, permanece como un episodio histórico que ilustra la complejidad de las tensiones territoriales suramericanas y la búsqueda de respuestas diplomáticas por parte de las grandes potencias en la región.
El debate sobre la soberanía de Tacna y Arica continúa vigente en la agenda diplomática regional. La sentencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, emitida en 2018 en el caso Bolivia contra Chile, reconoció la obligación de negociar una salida soberana al océano Pacífico. Esta decisión judicial reforzó el marco jurídico que el Tratado de Lima ya había establecido en 1929, demostrando que los principios de consulta bilateral y trilateral siguen siendo relevantes para el futuro de la región. Para el académico Sergio González Miranda, el episodio de 1926 evidencia que, pese a la mediación de EEUU, las disputas territoriales requieren consensos reales entre las partes involucradas y no pueden resolverse por simples concesiones de potencias externas.
