La industria de casinos en Chile registra una baja sostenida de su actividad, según advierte Paula Rojas Puga, presidenta del directorio de Marina del Sol (MDS), en un escenario fuertemente tensionado por la expansión desregulada de las plataformas de apuestas en línea a lo largo del país. Tras la implementación del cobro de impuesto al valor agregado (IVA) a estas firmas digitales, el Congreso Nacional tramita actualmente un conjunto de iniciativas orientadas a regular de manera definitiva el mercado del juego online. Sin embargo, desde el sector formal denuncian que la discusión legislativa se ha llevado a cabo sin considerar la experiencia ni las advertencias de los actores tradicionales que operan bajo estrictas normativas y normativas de fiscalización en el territorio nacional.
El impacto de esta transformación en el mercado del entretenimiento no solo recae sobre las arcas de las corporaciones privadas, sino que golpea directamente a las comunidades locales. Los recintos presenciales autorizados por ley se encuentran sujetos al pago de un gravamen específico destinado de forma directa a nutrir los presupuestos de las municipalidades y de los gobiernos regionales donde operan. Estos recursos frescos permiten financiar iniciativas de inversión pública y programas de desarrollo comunal que benefician de manera directa a los habitantes, un flujo financiero que ha experimentado una contracción generalizada superior al 18% en toda la industria desde el año 2022 en adelante.
Impacto laboral y contracción en las inversiones regionales
Consultada sobre las repercusiones operativas de este fenómeno, la máxima representante de la compañía —con operaciones en recintos de Talcahuano, Calama, Chillán y Osorno— detalló que la menor recaudación y la competencia desleal han frenado drásticamente los planes de expansión corporativa. La contracción del mercado inhibe el despliegue de nuevas inversiones en otras comunas del país que históricamente han manifestado interés en albergar centros de entretención turística para dinamizar sus economías locales.
En el caso específico del complejo emplazado en la Región del Biobío, el golpe a la estabilidad laboral ha sido categórico. Solo en el casino de Talcahuano, el más grande de la firma, la dotación de trabajadores ha sufrido una disminución del 30% en el último tiempo, obligando a la administración a ejecutar complejos ajustes operacionales. A esto se suma el desplome incalculable pero evidente del empleo indirecto, el cual nutre la cadena logística, de servicios, transporte y proveeduría en torno a cada infraestructura turística regional.
Desafíos regulatorios y resguardo de la fe pública
Desde la perspectiva empresarial, la tramitación parlamentaria actual ha resultado incompleta y desarticulada. Los ejecutivos sostienen que la imposición tributaria a las plataformas extranjeras —consideradas hasta ahora al margen del ordenamiento jurídico nacional— constituyó una señal contradictoria al normalizar su funcionamiento sin exigirles los mismos estándares de cumplimiento normativo, trazabilidad financiera y prevención de la ludopatía que se exigen celosamente a los casinos físicos establecidos.
Finalmente, los representantes del sector enfatizan la urgencia de que el Ejecutivo y el Poder Legislativo incorporen la voz de la industria formal en el debate definitivo. Mientras los recintos presenciales mantienen controles estrictos que impiden el acceso de menores de edad y fiscalizan de forma permanente el juego responsable, las plataformas digitales continúan operando con amplias libertades publicitarias en eventos deportivos masivos. La falta de simetría regulatoria mantiene al mercado en un escenario de alta vulnerabilidad, cuyos efectos colaterales continúan afectando el empleo local y el financiamiento de proyectos sociales en las regiones.
