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Un juez de Ecuador acogió la solicitud de la Fiscalía y dictó prisión preventiva contra Luisa González, excandidata presidencial y una de las principales figuras de la oposición, en el marco de una investigación por presunto lavado de activos vinculado a la financiación de su campaña electoral de 2023. La decisión se adoptó tras una audiencia de formulación de cargos que se extendió por más de doce horas y se realizó a puerta cerrada, según confirmaron fuentes judiciales. Junto a González, otras tres personas fueron procesadas por el mismo delito, en un caso que ha generado gran expectación en el país y que la dirigente política ha calificado como una persecución del Ejecutivo de Daniel Noboa.
El proceso se origina en una investigación sobre posibles irregularidades en la financiación política y en los gastos de la campaña de 2023, en la que González, abanderada del movimiento Revolución Ciudadana, disputó la Presidencia frente a Noboa. La Fiscalía sostiene que existieron aportes no declarados al Consejo Nacional Electoral por un monto cercano a los 500.000 dólares, canalizados a través de transferencias bancarias y cheques al portador para sufragar gastos de brigadistas, movilidad y logística. Parte de los indicios fueron divulgados por José Julio Neira, secretario de la Administración Pública del Gobierno de Noboa, quien en un video difundido en redes sociales aseguró que la pesquisa se sustenta en información entregada por un «cooperador» en otro proceso judicial contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, por presunta comercialización ilegal de derivados de hidrocarburos.
Contexto de tensión política y judicial en Ecuador
La detención de Luisa González se produce a solo cinco semanas de las elecciones seccionales, en las que los ecuatorianos elegirán a sus alcaldes y prefectos, en un escenario marcado por una creciente tensión política y malestar social. La oposición ha expresado su preocupación ante la posibilidad de que resoluciones de las autoridades electorales e investigaciones judiciales, tributarias y financieras terminen condicionando la participación de sus candidatos. De hecho, Revolución Ciudadana, el movimiento liderado por el expresidente Rafael Correa, fue suspendido durante el proceso electoral tras una resolución sustentada en un informe reservado remitido por la Fiscalía en el que también figura involucrada González. Posteriormente, cuando el correísmo anunció una alianza con el movimiento Amigo para concurrir a las seccionales, esa organización fue igualmente inhabilitada por el Tribunal Electoral mediante el mismo procedimiento de un informe fiscal reservado cuyo contenido no se ha hecho público.
La defensa de Aquiles Álvarez ha asegurado que no ha sido notificada de la apertura de esta nueva causa por presunto blanqueo de capitales, que según el registro oficial de la Fiscalía en su página web comenzó el pasado 14 de octubre. Por su parte, Luisa González ha denunciado el caso como un nuevo «ataque a las libertades y una persecución política» por parte del Ejecutivo de Daniel Noboa contra sus adversarios. La dirigente, abogada de 48 años, ha aspirado en dos ocasiones a la Presidencia: en 2023 alcanzó la segunda vuelta frente a Noboa, después de que el entonces mandatario Guillermo Lasso disolviera la Asamblea Nacional y convocara elecciones anticipadas; en 2025 volvió a medirse con Noboa en las urnas y perdió nuevamente en el balotaje.
Implicancias para el sistema político y los comicios venideros
El contexto social también es complejo. El pasado 10 de octubre, colectivos juveniles y organizaciones sindicales se movilizaron en las calles de Quito para protestar contra el Gobierno. Entre sus reivindicaciones figuraban la creciente inseguridad, el desabastecimiento de medicamentos e insumos en los hospitales públicos, la crisis energética marcada por los apagones, la precariedad laboral y el encarecimiento del costo de la vida. En este ambiente de polarización, la prisión preventiva de González podría exacerbar los ánimos y profundizar la división entre oficialismo y oposición.
La medida judicial también plantea interrogantes sobre la independencia del sistema de justicia y el uso de herramientas legales con fines políticos. Analistas locales advierten que este tipo de acciones podrían afectar la credibilidad de las próximas elecciones seccionales y generar un clima de inestabilidad. Mientras tanto, la defensa de González anunció que apelará la decisión y buscará revertir la prisión preventiva, argumentando falta de pruebas contundentes y motivaciones políticas. El caso continuará su curso en los tribunales, en medio de una expectativa nacional e internacional sobre el respeto al debido proceso y los derechos políticos de la oposición en Ecuador.
