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La justicia argentina dictó el sobreseimiento definitivo del presidente Javier Milei y de su hermana Karina Milei en la causa judicial conocida como caso $Libra, una investigación centrada en la promoción y posterior desplome de un activo digital que dejó pérdidas estimadas para unos 40.000 inversores. La resolución fue emitida este viernes por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien respaldó el dictamen previo de la fiscalía al sostener que los hechos denunciados no encuadran en ninguna figura legal tipificada. El fallo beneficia a un total de 11 acusados, desestimando los cargos iniciales de estafa, tráfico de influencias, abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública sin haberlos sometido previamente a declaración indagatoria ni haber agotado las diligencias solicitadas por las querellas.
El origen de la controversia se remonta a febrero de 2025, cuando el mandatario ultralibertario utilizó su cuenta oficial en la red social X para difundir el lanzamiento de la criptomoneda, presentándola como un proyecto privado orientado a incentivar el crecimiento económico del país mediante el financiamiento de pequeños emprendimientos. Sin embargo, pocas horas después de su masiva difusión, los creadores del activo y diversos inversores de gran capital retiraron sus fondos de liquidez, provocando un desplome abrupto que pulverizó el valor de la moneda digital y dejó millonarias pérdidas a los pequeños ahorristas, mientras un reducido grupo acumulaba ganancias cercanas a los 100 millones de dólares. La investigación analizó peritajes informáticos que incluían borradores de contratos y registros sobre sumas de dinero vinculadas al entorno presidencial, elementos que el magistrado consideró insuficientes para demostrar un ardid defraudatorio o una relación causal directa con el perjuicio económico.
Argumentos judiciales y repercusiones políticas
En su resolución, el juez Martínez de Giorgi argumentó que la notoriedad pública o la investidura institucional del jefe de Estado no equivalen por sí solas a una maniobra dolosa, señalando que no se constató un engaño penalmente relevante ni un beneficio ilegal derivado de la participación oficial en el proceso. En cuanto a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, el magistrado estimó que no se logró probar que hubiese solicitado o recibido contraprestaciones económicas para facilitar reuniones en despachos oficiales entre el mandatario y los desarrolladores del proyecto financiero, entre los cuales figuraban los empresarios Hayden Mark Davis y Julian Peh.
Tras conocerse el fallo judicial, el presidente Javier Milei celebró la decisión a través de sus redes sociales, donde desató duras críticas contra dirigentes de la oposición y diversos comunicadores sociales, a quienes acusó de haber impulsado una operación política orientada a dañar su imagen pública. "¿Y ahora quién me compensa por un año, ocho meses y nueve días de mentiras, calumnias e injurias buscando manchar mi buen nombre y honor?", cuestionó el mandatario, tildando la investigación de un montaje golpista gestado por sectores adversos a su administración y sectores periodísticos críticos.
Rechazo opositor y cuestionamientos al fallo
Por su parte, la resolución judicial generó un inmediato rechazo entre los referentes de la oposición política en Argentina, quienes denunciaron una presunta connivencia y protección institucional en el fuero federal de Comodoro Py. Diputados opositores como Maximiliano Ferraro, presidente de la comisión parlamentaria que investigó el caso, y el legislador Juan Grabois cuestionaron duramente que la fiscalía y el juzgado apartaran previamente a los damnificados de las querellas, impidiendo la apelación del fallo y garantizando la impunidad de los involucrados. Las críticas también apuntaron a supuestos vínculos institucionales entre el Ejecutivo y los operadores judiciales encargados de resolver la causa, marcando un nuevo capítulo de alta tensión política en el cono sur.
