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Víctima de pederasta beneficiado con rebaja de condena conoce su libertad a través de TVN y exige orden de alejamiento

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La libertad de uno de los 56 condenados por delitos sexuales que se beneficiaron con rebajas de penas mediante decretos firmados, en su mayoría, por el ministro de Justicia, Fernando Rabat, ha generado indignación y alarma entre las víctimas. Una de ellas, identificada como Lisette, se enteró este jueves a través de Televisión Nacional (TVN) de que su agresor había quedado en libertad, sin que mediara una notificación oficial previa. “Yo no creía que lo habían soltado”, declaró la mujer, visiblemente afectada, al conocer la decisión. Ahora, su principal demanda es obtener una orden de alejamiento: “Lo que yo no quiero es verlo”, expresó, reflejando el temor y la impotencia que siente ante la posibilidad de un encuentro con su victimario.

El caso se enmarca en una serie de rebajas de condenas otorgadas por el Gobierno del Presidente José Antonio Kast, a través de decretos firmados principalmente por el ministro Rabat. Estas medidas han beneficiado a 56 personas condenadas por delitos sexuales, entre ellos pederastas, lo que ha provocado un fuerte cuestionamiento a la política penitenciaria y a la discrecionalidad en la aplicación de beneficios carcelarios. La situación de Lisette evidencia la falta de protocolos de comunicación y protección hacia las víctimas, quienes en muchos casos se enteran de la liberación de sus agresores por medios de comunicación o de manera fortuita, sin recibir orientación ni respaldo institucional.

Rebajas de condenas y el drama de las víctimas que desconocen la libertad de sus agresores

Lisette relató que fue a través del noticiario de TVN que supo que su agresor había sido liberado, lo que aumentó su sensación de vulnerabilidad. “Yo no creía que lo habían soltado”, insistió, dando cuenta de la incredulidad y el impacto emocional que le provocó la noticia. La mujer señaló que lo mínimo que espera ahora es conseguir una orden de alejamiento, un mecanismo legal que busca proteger a las víctimas de acercamientos no deseados. Sin embargo, hasta el momento no ha recibido una comunicación formal por parte de las autoridades penitenciarias o judiciales, lo que la deja en una situación de incertidumbre sobre los pasos a seguir para resguardar su integridad.

Organizaciones defensoras de los derechos de las víctimas han advertido que este tipo de situaciones se repite en varios de los 56 casos, donde las rebajas de condenas se habrían aplicado sin considerar el riesgo para las personas afectadas ni su derecho a la información. La falta de notificación oficial contraviene los estándares internacionales en materia de protección a víctimas de delitos sexuales y genera un sufrimiento adicional. En tanto, desde el Ministerio de Justicia no se han pronunciado sobre el caso específico de Lisette ni sobre las críticas a la falta de comunicación con las víctimas.

Exigencias de protección y cuestionamientos al sistema de beneficios carcelarios

La demanda de Lisette por una orden de alejamiento se suma a los llamados de diversos sectores políticos y sociales para revisar los criterios con que se otorgan las rebajas de condenas a condenados por delitos sexuales. La situación ha puesto en el centro del debate la discrecionalidad del Ejecutivo en la materia y la necesidad de establecer protocolos claros que prioricen la seguridad de las víctimas. Mientras tanto, Lisette espera que las autoridades actúen con celeridad para otorgarle la protección solicitada y evitar un posible reencuentro con su agresor, quien ahora se encuentra en libertad.

El caso también ha reavivado la discusión sobre la implementación de medidas de reparación y acompañamiento psicológico para las víctimas de delitos sexuales, quienes muchas veces quedan desamparadas tras la resolución judicial. La historia de Lisette es un ejemplo de las consecuencias humanas de las decisiones administrativas y de la importancia de garantizar que las víctimas sean informadas y protegidas en todo momento. Se espera que en los próximos días las autoridades entreguen respuestas concretas sobre este caso y sobre los mecanismos de notificación que se implementarán para evitar que situaciones similares se repitan.