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El Tribunal Oral en lo Penal de Punta Arenas absolvió este miércoles a Braulio Pérez Cabrera, ciudadano dominicano de 29 años, quien había sido acusado de violar a un adolescente de 14 años en la capital de la Región de Magallanes. La decisión judicial, adoptada tras diez meses de prisión preventiva, se fundamentó en que las pruebas testimoniales y periciales presentadas por el Ministerio Público no lograron acreditar el delito de violación, específicamente la fuerza necesaria para el acceso carnal que exige la figura penal. El caso, que conmocionó a la comunidad puntarenense a fines de 2025, reabre el debate sobre la persecución de delitos sexuales y la situación migratoria de los imputados.
Los hechos se remontan a fines de 2025, cuando la víctima, un adolescente de 14 años, denunció haber sido agredida sexualmente por el imputado. Según la investigación liderada por la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI, Pérez Cabrera habría contactado al menor a través de una aplicación de mensajería y, tras intercambiar mensajes por WhatsApp, habrían concertado un encuentro en el domicilio del acusado. En dicha conversación, la víctima habría advertido al imputado que era menor de edad, lo que no impidió el encuentro. El extranjero, que llegó a Chile hace tres años y permanece en situación migratoria irregular, fue formalizado en diciembre de 2025 y quedó en prisión preventiva durante diez meses.
Pruebas insuficientes y argumentos de la defensa
La absolución se basó en que el tribunal consideró que los testimonios y peritajes no fueron suficientes para configurar el delito de violación, en particular la exigencia de fuerza o intimidación para el acceso carnal. El fiscal Fernando Dobson, quien representó al Ministerio Público, anunció que insistirá en la culpabilidad del acusado mediante la presentación de un recurso de nulidad, con el objetivo de revertir el fallo. Por su parte, el abogado defensor Pablo Santander Severino, de la Defensoría Penal Pública, se mostró conforme con la resolución y sostuvo que del análisis de las conversaciones de chat se desprende que existió consentimiento para la acción sexual, descartando así la imposición de fuerza argumentada por la fiscalía.
El caso ha generado impacto en la comunidad de Punta Arenas, donde organizaciones sociales y autoridades locales han expresado su preocupación por la protección de menores y la respuesta del sistema judicial. La situación migratoria irregular del imputado también ha sido objeto de debate público, en un contexto nacional de discusión sobre políticas migratorias y seguridad. La Defensoría Penal Pública enfatizó que la decisión se ajusta a derecho y que la falta de pruebas robustas sobre la fuerza es un elemento central del debido proceso.
Recurso de nulidad y próximos pasos
Con la absolución, Pérez Cabrera recuperó su libertad, aunque el fiscal Dobson confirmó que recurrirá a la Corte Suprema mediante un recurso de nulidad para intentar anular el veredicto. Este tipo de recurso busca revisar posibles errores de derecho en la sentencia, no reevaluar los hechos. Mientras tanto, la defensa celebró la decisión y reiteró que los mensajes de WhatsApp evidencian un contexto de consentimiento, lo que contradice la tesis de violación. El caso permanecerá en la opinión pública y podría sentar precedentes sobre la valoración de pruebas en delitos sexuales cuando media una diferencia de edad y una advertencia previa de minoría de edad.
La absolución de Braulio Pérez Cabrera deja en evidencia las complejidades probatorias en casos de delitos sexuales, especialmente cuando la evidencia digital juega un rol central. El tribunal oral deberá fundamentar por escrito su decisión, mientras la comunidad de Magallanes y el país siguen atentos a los próximos pasos judiciales. La fiscalía tiene un plazo acotado para formalizar el recurso de nulidad, que será resuelto por la Corte Suprema. Este caso también reflota la necesidad de reforzar la protección de menores en entornos digitales y la coordinación entre las instituciones de justicia y migración.
