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El gobierno del Presidente José Antonio Kast puso en marcha un proceso administrativo para expulsar del país a seis ciudadanos extranjeros que fueron detenidos durante los desórdenes registrados el domingo 18 de octubre, en el marco de las manifestaciones convocadas por el aniversario del estallido social. La determinación, adoptada por razones de seguridad nacional, involucra a los peruanos Raúl Yupanqui, Reynaldo Abad y Víctor Diestra; a los haitianos Ives Dossous y Jean Claydy; y al venezolano Isario Barreto. Todos ellos fueron sorprendidos participando en actos violentos que alteraron el orden público, según la información oficial.
El anuncio presidencial se produjo a través de la cuenta en la red social X del Mandatario, quien advirtió que no tolerará este tipo de conductas. «No vamos a permitir que ciudadanos extranjeros vengan a delinquir a Chile y participen de actos violentos para alterar el orden público», escribió Kast. En ese mismo mensaje, el Presidente instruyó al Ministerio del Interior y al Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) para que utilicen todas las herramientas legales y administrativas disponibles para concretar la expulsión de los migrantes involucrados en los desmanes.
Proceso de revocación de residencias y expulsión inmediata
El director nacional del Sermig, Frank Sauerbaum (RN), confirmó que se están realizando todos los trámites para revocar las residencias de los detenidos. Esto se debe a que, con excepción de Barreto, todos ingresaron al país de forma legal y mantenían una condición migratoria regular, incluyendo la residencia definitiva. «No se puede permitir este tipo de situaciones y así como en su momento fueron sacados aquellos que provocaron desórdenes en marzo pasado o en la marcha del 1 de mayo, ahora se hará lo mismo. Aplicaremos mano firme con todos aquellos que vengan a alterar el orden público», sostuvo la autoridad.
De acuerdo con la normativa vigente, el director del Sermig tiene la atribución de revocar la residencia de una persona que haya ejecutado «actos que las leyes chilenas califiquen como delitos contra la seguridad interior o exterior, o la soberanía nacional». Por ello, durante estos días la autoridad trabaja en los decretos pertinentes para materializar la medida. Una vez que dichos documentos estén visados, será el subsecretario del Interior, Máximo Pavez (UDI), quien sellará los decretos que dispondrán la expulsión de los seis extranjeros.
A diferencia del procedimiento habitual, que otorga un plazo de 15 días para que la persona abandone el país, en esta oportunidad se aplicará la expulsión inmediata. Esto se sustenta en el artículo 132° de la Ley de Migraciones, que faculta al subsecretario del Interior a determinar por resolución fundada la expulsión por razones de seguridad interior. No obstante, el proceso no exime de los trámites ordinarios: los afectados deberán ser debidamente notificados y tendrán la opción de apelar y de que, eventualmente, se revierta la determinación.
Impacto en la comunidad y proyecciones del gobierno
El subsecretario Pavez explicó a La Tercera que la medida se adopta con el fin de restablecer la cultura del orden. «Para restablecer la cultura del orden, es fundamental aplicar la ley con sentido de urgencia y con mucho carácter. Al igual que lo hicimos por primera vez en el mes de abril, cuando se expulsó a un ciudadano argentino detenido por desórdenes públicos en el contexto de manifestaciones, el gobierno, a través de la Subsecretaría del Interior, va a utilizar la atribución del artículo 132 de la Ley de Migraciones», señaló. Y agregó: «Para el gobierno es inaceptable que extranjeros, incluso teniendo residencia, utilicen o estén en nuestro país causando desórdenes públicos y atentando contra el orden público».
La autoridad subrayó además que la señal que se quiere dar es que «vamos a aplicar la ley con decisión, carácter y vamos a expulsar a las personas que siendo extranjeras, regulares o incluso teniendo residencia, cometan desórdenes públicos». En ese sentido, destacó el trabajo conjunto con el Servicio de Migraciones, en cumplimiento de las instrucciones del Presidente de la República y del Ministro del Interior. Se espera que las expulsiones se concreten durante la próxima semana, una vez completados los pasos administrativos y notificaciones correspondientes.
Cabe señalar que en este proceso no se aplican las nuevas disposiciones aprobadas recientemente por el Congreso para agilizar los trámites de expulsión, ya que dichas modificaciones fueron despachadas a ley pero aún deben pasar por el control de constitucionalidad en el Tribunal Constitucional y su posterior publicación y promulgación. Mientras tanto, el gobierno reitera su compromiso de utilizar todas las herramientas legales para resguardar la seguridad y el orden público en el país.
