La tramitación de la ley de inteligencia artificial ha generado un inesperado y complejo flanco de tensiones al interior del Gobierno chileno, luego de que se cuestionara la forma en que se elaboró la propuesta normativa. Diversos sectores políticos y ministeriales han manifestado reparos respecto al procedimiento utilizado para estructurar este cuerpo legal, lo que ha motivado intensas gestiones desde el Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres) para realizar enmiendas antes de su ingreso formal al Congreso Nacional.
El debate en torno a la regulación tecnológica en el país no es menor, considerando los desafíos éticos, económicos y de soberanía digital que enfrenta el Estado chileno en la actualidad. Mientras expertos y académicos debaten sobre la necesidad de equilibrar la capacidad propia frente a la subordinación tecnológica internacional, el diseño de políticas públicas en materia digital requiere de un consenso interministerial sólido que evite vacíos legales o duplicidad de funciones con normativas ya existentes sobre protección de datos y ciberseguridad.
Reparos técnicos y coordinación institucional
Desde el oficialismo y distintas carteras de Estado se han levantado voces advirtiendo sobre la necesidad de revisar minuciosamente el articulado. Específicamente, tanto la Segpres como el Ministerio de Hacienda han expresado observaciones técnicas y financieras sobre el impacto que tendría la implementación de esta normativa en el aparato público y su correcta articulación con el ecosistema de innovación nacional.
La falta de una coordinación previa más amplia ha sido uno de los principales puntos de fricción, obligando a los equipos jurídicos del Ejecutivo a redoblar esfuerzos para consensuar un texto que logre equilibrar las exigencias de regulación ética de los algoritmos y el fomento a la industria tecnológica local, evitando así tropiezos innecesarios durante su futura discusión parlamentaria.
Próximos pasos legislativos del Ejecutivo
Ante este escenario de desacuerdos internos, el Gobierno se encuentra abocado a un proceso de revisión y ajuste del proyecto de ley de inteligencia artificial para unificar criterios antes de su presentación oficial ante el Poder Legislativo. Se espera que durante las próximas semanas se zanjan las discrepancias para dar paso a un texto definitivo que cuente con el respaldo transversal de los ministerios involucrados.
La consolidación de este marco normativo será clave para definir el rol del Estado chileno en la fiscalización y desarrollo de tecnologías avanzadas, en un momento donde diversos actores de la sociedad civil y gremios tecnológicos exigen reglas claras para no quedar rezagados frente a los estándares internacionales de gobernanza digital.
