La lentitud de los tribunales ambientales se instaló como tema de debate público tras las declaraciones del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en el marco del Encuentro Nacional de la Empresa (Enade) 2026, realizado este miércoles en el centro de eventos Metropolitan Santiago. Ante un auditorio empresarial, el titular de la billetera fiscal cuestionó que existan numerosas sentencias en estado de fallo que llevan meses esperando resolución, y reveló que se reunió con la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, para plantearle la situación. La respuesta de la magistrada no se hizo esperar: reconoció el diagnóstico, pero advirtió que el presupuesto asignado al Poder Judicial «no es del todo suficiente» para superar el atraso.
El encuentro, que congregó a líderes gremiales y autoridades, fue el escenario donde Quiroz abordó el tema judicial como un obstáculo para la inversión. «Qué tremendo el tema judicial», señaló el ministro, quien explicó que su preocupación apunta a la demora en la dictación de sentencias en los tribunales ambientales, instancias clave para la aprobación de proyectos de inversión. Según expuso, muchas causas permanecen en estado de fallo por meses, lo que afecta la certeza jurídica y la agilidad de la economía.
La reunión reservada y el malestar en la judicatura
El ministro Quiroz detalló que hace algunas semanas sostuvo un encuentro con la presidenta Chevesich, acompañado por la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, y la ministra Jessica González, magistrada visitadora de los tribunales especiales, incluidos los ambientales. En esa cita, según relató, se planteó la necesidad de adoptar medidas para superar el atraso detectado por la propia Corte Suprema, no solo en materia ambiental sino también en los tribunales ordinarios. «Por lo que me indicó la presidenta, se están adoptando las medidas para superar el atraso que también había sido detectado por la Corte Suprema», afirmó Quiroz, quien se mostró disponible para aportar recursos adicionales a fin de automatizar procesos y agilizar la labor jurisdiccional.
Sin embargo, la forma en que el ministro ventiló la conversación ante el empresariado no fue bien recibida en sectores de la judicatura, según trascendió. La presidenta Chevesich, consultada por el tema, evitó la polémica y se limitó a explicar los pasos a seguir: «Próximamente me voy a volver a reunir con la ministra visitadora y después con el ministro de Hacienda y la ministra del Medio Ambiente para ver cómo se puede apoyar el trabajo de dichos tribunales». La magistrada aprovechó para recordar que el problema es más amplio y que afecta también a los tribunales ordinarios, donde la dotación de personal ha sido insuficiente y no se ha reforzado de manera orgánica.
Presupuesto insuficiente y un plan de modernización en marcha
En esa línea, Chevesich fue enfática en señalar que el Poder Judicial requiere más presupuesto, ya que los recursos actuales «no son del todo suficientes». La presidenta de la Corte Suprema lleva meses abocada a un plan de modernización conocido internamente como «tablero Quantum», destinado a mejorar la oportunidad en el acceso a la justicia en todas las jurisdicciones. Este plan busca monitorear y reducir los tiempos de tramitación, pero su implementación requiere financiamiento adicional que la magistratura espera acordar con Hacienda.
El ministro Quiroz, por su parte, insistió en que el Ejecutivo está dispuesto a priorizar recursos para esta tarea. «Desde luego esto también toma recursos, así es que el Ministerio de Hacienda está disponible para aportar recursos en esta tarea, automatización, información, agilidad», declaró. No obstante, no especificó montos ni plazos concretos, lo que deja abierta la discusión presupuestaria que se retomará en las próximas reuniones.
El cruce de declaraciones evidencia una tensión entre el Ejecutivo y el Poder Judicial por la gestión de los tiempos judiciales, un factor que incide directamente en la confianza de los inversionistas y en la tramitación de proyectos ambientales en regiones como Atacama, donde la actividad minera y energética depende de resoluciones oportunas. Mientras Hacienda presiona por resultados, la Corte Suprema defiende su autonomía y advierte que sin recursos suficientes las demoras persistirán. Las próximas citas entre las partes serán clave para definir si el apoyo financiero se traduce en medidas concretas o queda en anuncios.
