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El presupuesto seguridad minera recibió un incremento significativo este lunes, después de que 13 trabajadores perdieran la vida en accidentes mineros durante 2026, según informó el Gobierno de Chile.
Esta decisión se tomó en el marco de una reunión encabezada por el ministro de Economía y Minería, Daniel Mas, donde participaron representantes de sindicatos, empresas mineras y mutualidades. El aumento responde a una serie de incidentes que, desde el 23 de septiembre, han cobrado la vida a siete mineros, superando las 11 víctimas mortales registradas en 2024. La minería, que aporta alrededor del 13 % del PIB nacional, es un pilar económico cuya seguridad se vuelve prioridad para evitar mayores pérdidas humanas y productivas.
Aumento del presupuesto seguridad minera para 2027
El ministro Daniel Mas declaró que “el nuevo presupuesto seguridad minera permitirá ampliar la presencia de fiscalizadores en los principales y secundarios yjes mineros, así como incorporar tecnología de monitoreo en tiempo real”. Por su parte, el director del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), Juan Cárdenas, puntualizó que los recursos financiarán la compra de drones, sensores de gases y equipos de protección personal, además de la capacitación de inspectores.
Según el Sernageomin, la partida adicional asciende a US$150 millones, lo que se traducirá en la contratación de 200 nuevos fiscalizadores y la implementación de 30 proyectos piloto de prevención tecnológica en regiones mineras como Antofagasta, Atacama y Coquimbo. Asimismo, se reactivarán las 21 reglas de seguridad minera, con mayor énfasis en la responsabilidad empresarial y la imposición de sanciones, multas y cierres temporales ante incumplimientos.
Impacto y proyecciones para la industria minera
Los expertos anticipan que la mayor inversión en seguridad reducirá la tasa de accidentes mortales en al menos un 30 % durante los próximos dos años, lo que beneficiará tanto a los trabajadores como a las comunidades aledañas. Además, la modernización de los procesos de inspección podría generar un efecto multiplicador en la competitividad del sector, al ofrecer un entorno laboral más confiable y alineado con estándares internacionales.
El Gobierno prevé que, con la ejecución completa del plan, el número de fallecidos vuelva a niveles inferiores a los registrados en 2022 antes del 2029. Mientras tanto, sindicatos y organizaciones de derechos laborales han pedido una vigilancia constante para asegurar que los recursos asignados se traduzcan en acciones concretas y no solo en promesas.
