La reciente Ley de Patentes Mineras 2026, despachada por el Congreso el 28 de octubre, introdujo una serie de modificaciones al régimen de patentes mineras, pero para la Cámara Minera de Chile persisten fallas estructurales que afectan especialmente a la pequeña y mediana minería. Así lo advirtió el presidente del gremio, Manuel Viera Flores, quien analizó la normativa y señaló que, si bien representa un avance, mantiene el alza del 400% para quienes no logren acreditar trabajos y no resuelve los problemas de fondo que originaron la crisis del sector tras la Ley 21.420 de 2022.
La Ley 21.420, impulsada en 2022 para financiar la Pensión Garantizada Universal, cuadruplicó la patente de explotación sin trabajos acreditados, de 0,1 a 0,4 UTM por hectárea, con un escalamiento por quinquenios que podía llegar a 12 UTM. Con la UTM de octubre en $72.151, una pertenencia de 100 hectáreas pasó de pagar $721 mil a $2,9 millones al año, con un horizonte de $86,6 millones solo por existir. Según Viera, esta medida no solo castigó la ignorancia administrativa en lugar de la ociosidad, sino que concentró la propiedad minera en grandes empresas y provocó una caída en la recaudación. La nueva ley fija una patente general de 0,4 UTM y una rebajada de 0,1 UTM con trabajos acreditados, amplía las causales de rebaja y crea un régimen especial para titulares de menos de 500 hectáreas empadronados en Enami, pero no elimina el alza para quienes no cumplan los requisitos.
Los seis puntos ciegos que persisten en la Ley de Patentes Mineras 2026
El presidente de la Cámara Minera de Chile detalló seis falencias que la nueva normativa no aborda. En primer lugar, señaló que la carga de la prueba sigue recayendo en el pequeño minero, quien debe acreditar ante Sernageomin trabajos que el propio Estado ya conoce por sus declaraciones, fiscalizaciones y ventas a Enami. Esto explica, a su juicio, el 49% de rechazo de rebajas. En segundo término, el régimen especial exige empadronamiento en Enami, pero esta empresa cuenta con 990 productores activos, dejando fuera a miles que venden a plantas privadas o están inactivos por precio. En tercer lugar, no se aborda el cuello de botella de los remates: seis de cada diez concesiones rematadas vuelven a la nómina y el 32% de los roles declarados terreno franco reaparecen en remate, sin un registro común entre Conservadores, tribunales, Tesorería y Sernageomin.
Viera también criticó que la ley baja la multa pero no crea el premio: elimina el castigo por no explorar, pero no incorpora incentivos a la exploración, cuyos pedimentos siguen 61% bajo el promedio histórico. Además, no repara la mora acumulada: el 79% de las concesiones PyM está en mora y la postergación del pago 2026 al 28 de febrero de 2027 solo mueve la fecha del remate, sin resolver la deuda ni devolver las 24.000 hectáreas ya perdidas. Finalmente, el dirigente gremial advirtió que el 0,4 UTM sigue siendo cuatro veces lo que se pagaba antes de 2022, por lo que para quien no logra la rebaja, la ley conserva el alza del 400% que originó el problema. Agrumin y Sonami pidieron Comisión Mixta por esta razón y no fueron escuchados.
Propuestas para resolver los puntos ciegos y reactivar la minería
Frente a este escenario, la Cámara Minera de Chile propuso seis soluciones concretas. La primera es un crédito tributario transferible del 30% al gasto en exploración greenfield certificado por Sernageomin, con tope anual, al estilo del flow-through share canadiense. Viera destacó que Australia invirtió del orden de US$4.000 millones y Canadá US$3.000 millones en exploración, mientras Chile solo cerca de US$80 millones desde 2005, y enfatizó que ningún yacimiento se descubrió encareciendo la tenencia. La segunda medida es un catastro minero único, digital y público, que integre Sernageomin, Tesorería, Poder Judicial y Conservadores de Minas, con comunicación electrónica de resoluciones, publicación del resultado de cada subasta y liberación de pertenencias caducadas en 90 días.
La tercera propuesta es invertir la carga de la prueba: que Sernageomin acredite de oficio los trabajos con sus propios registros y que la certificación de Enami o de cualquier poder de compra reconocido baste para la patente rebajada. «El pequeño minero no debe probar lo que el Estado ya sabe», afirmó Viera. La cuarta es un fondo puente y convenios de pago con Tesorería para regularizar la mora acumulada antes de reanudar los remates, con condonación de recargos para productores que acrediten actividad. La quinta es reclasificar por ley la pequeña minería, subiendo el umbral de 5.000 a 15.000 toneladas mensuales, y modernizar Enami con más poderes de compra, empadronamiento regional como el que partió en Tarapacá y un reglamento de compra basado en ley de corte, no en planta estándar. Estas medidas buscan revertir la concentración de la propiedad minera y fomentar la exploración, especialmente en regiones como Atacama, donde la pequeña minería tiene un rol histórico.
La Ley de Patentes Mineras 2026 fue aprobada con un consenso inédito: 107 votos a favor y 2 en contra en la Cámara de Diputados, y 37 a 1 en el Senado. Sin embargo, para la Cámara Minera de Chile, el respaldo legislativo no garantiza que se resuelvan los problemas de fondo. El gremio insistirá en sus propuestas durante la discusión de la implementación de la ley y en futuras modificaciones legales. Mientras tanto, los pequeños mineros de Atacama y otras regiones esperan que las medidas paliativas, como la postergación del pago, alivien temporalmente su situación, pero advierten que sin cambios estructurales la crisis del sector podría profundizarse.
