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El caso Embotelladora Llacolén sumó un nuevo capítulo este lunes 26 de octubre, luego de que el Juzgado de Garantía de Coronel rechazara la solicitud de sobreseimiento temporal presentada por las defensas de los seis imputados en la investigación por presunto fraude al Fisco. Entre los formalizados se encuentra el alcalde de la comuna, Boris Chamorro, junto a cuatro exconcejales y el exdirector jurídico del municipio, Cristián Pinto. La causa indaga un avenimiento aprobado en 2020 que habría generado que la Municipalidad de Coronel dejara de percibir más de $1.300 millones por concepto de patentes municipales.
El origen del caso se remonta a la tramitación de un acuerdo entre el municipio y la empresa embotelladora, en un contexto en que la compañía enfrentaba un proceso de quiebra. Según los antecedentes expuestos por el Ministerio Público, dicho avenimiento permitió que el consistorio condonara o redujera sustancialmente el pago de patentes comerciales, pese a que la deuda acumulada por la empresa superaba los $2.000 millones. La investigación apunta a que el alcalde Chamorro y el abogado de la Corporación Edilicia habrían ocultado información clave a los concejales que finalmente aprobaron el acuerdo, lo que constituiría el núcleo del presunto fraude al Fisco.
El caso Embotelladora Llacolén y la formalización de los imputados
La formalización de la investigación fue confirmada por el Poder Judicial a través de sus canales oficiales, precisando que la audiencia para discutir las medidas cautelares se realizará el viernes 20 de noviembre a las 09:00 horas. En esa instancia, el Ministerio Público podría solicitar prisión preventiva u otras cautelares para los imputados, dependiendo de la gravedad de los cargos y del riesgo procesal que se estime. Hasta ahora, los seis formalizados enfrentan la acusación por su participación en la aprobación del avenimiento y en la entrega de antecedentes para el proceso municipal.
Las defensas, por su parte, habían solicitado el sobreseimiento temporal de la causa argumentando la existencia de una demanda civil interpuesta por la empresa contra la Municipalidad de Coronel. Según su tesis, el municipio habría cobrado patentes comerciales a la empresa estando esta en quiebra, lo que motivó acciones judiciales paralelas. Sin embargo, el Juzgado de Garantía desestimó esa petición, permitiendo que la investigación penal continúe su curso. La decisión del tribunal refuerza la posición del Ministerio Público, que busca establecer las responsabilidades penales en el manejo de los recursos municipales.
Impacto en las finanzas municipales y proyecciones del proceso judicial
El caso Embotelladora Llacolén no solo involucra a la máxima autoridad comunal, sino que también expone una delicada situación financiera para el municipio de Coronel. La deuda superior a los $2.000 millones y la pérdida de más de $1.300 millones en ingresos por patentes representan un golpe significativo para las arcas municipales, afectando la capacidad de inversión en servicios básicos y programas sociales. La comunidad de Coronel, una de las comunas con mayor actividad industrial de la Región del Biobío, sigue con atención el desarrollo de este proceso, que podría tener consecuencias políticas y administrativas.
Con la audiencia de cautelares fijada para el 20 de noviembre, se espera que el Ministerio Público presente los antecedentes que sustentan la formalización y solicite las medidas que estime pertinentes. El caso podría extenderse durante varios meses, dependiendo de la complejidad de las pruebas y de las estrategias de las defensas. Mientras tanto, el alcalde Boris Chamorro continúa en sus funciones, aunque la presión política y mediática podría aumentar a medida que avance la investigación. Enfoque Digital seguirá informando sobre los próximos pasos de este caso que remece a la comuna de Coronel y al sistema municipal chileno.
