La Delegación Presidencial Provincial de Los Andes anunció la interposición de una denuncia formal ante el Ministerio Público para esclarecer las causas del derrame de relaves en Río Blanco, incidente que se registró la madrugada del jueves y que ha movilizado a las autoridades regionales. Esta decisión fue tomada tras la finalización del Comité de Gestión de Riesgos y Desastres (Cogrid) extraordinario, convocado por las autoridades locales con el objetivo de dilucidar la dinámica del evento y evaluar sus posibles efectos sobre el ecosistema y la comunidad.
El contexto de esta medida legal se enmarca en la necesidad de establecer una línea de investigación clara ante la falta de información precisa sobre el origen del derrumbe. Mientras la Superintendencia del Medioambiente (SMA) mantiene activos sus protocolos de fiscalización para determinar el impacto real del incidente, las autoridades buscan que el sistema de justicia penal asuma el rol de investigación de fondo, complementando las labores técnicas de los organismos de control ambiental y minero.
Investigación judicial y rol de la Bidema PDI
Ricardo Figueroa, delegado presidencial provincial, detalló que la estrategia apunta a que el fiscal a cargo designe a la Brigada de Delitos Medioambientales (Bidema) de la Policía de Investigaciones (PDI) para encabezar las diligencias. «Vamos a interponer una denuncia en el Ministerio Público, de tal manera de que, en este caso, el fiscal tome las decisiones respecto a enunciar, definir a la Brigada de Delitos Medioambientales para poder investigar los hechos y esclarecer cada una de las circunstancias en que ocurrieron estas situaciones», aseveró Figueroa, enfatizando la necesidad de un abordaje técnico-jurídico riguroso.
Por su parte, el seremi de Minería, Cristián Vasseur, aclaró que su cartera no asume responsabilidad directa en el derrumbe, señalando que la función fiscalizadora específica recae en Sernageomin. Según Vasseur, el Servicio Nacional de Geología y Minería fue quien dio aviso del derrame y realizó un monitoreo inicial en terreno en los sectores presuntamente afectados, aunque aún no se han concluido las evaluaciones definitivas sobre la magnitud del evento.
Presión política y proyecciones del caso
El incidente ha generado una fuerte presión política en la zona. El diputado del Partido Socialista, Nelson Venegas, quien participó en la sesión del Cogrid, criticó que la instancia no proporcionó señales claras sobre cómo sucedió el derrame. El parlamentario instó al presidente del directorio de Codelco, Bernardo Fontaine, a entregar explicaciones razonables y transparentes a la ciudadanía, dado que la operación de las faenas mineras en la zona es de vital importancia para la economía local y regional.
Hasta el momento, se desconoce el alcance real del impacto ambiental del derrame de relaves en Río Blanco. Las instituciones han iniciado acciones legales paralelas para dilucidar la dinámica del incidente, independientemente de las responsabilidades que finalmente determine la SMA. La comunidad y los organismos de control esperan que la investigación permita identificar si hubo negligencia operativa o fallas estructurales, estableciendo un precedente para la gestión de riesgos en la minería de la región.
