El arresto domiciliario total es la medida cautelar que dictó la justicia para el trabajador involucrado en la entrega de gomitas con THC en el principal terminal aéreo del país. El 1° Juzgado de Garantía de Santiago estableció esta disposición, además del arraigo nacional y la prohibición de acercarse a las víctimas, para el imputado que labora en una empresa que presta servicios en el aeropuerto Arturo Merino Benítez, tras haber compartido golosinas con cannabis a sus compañeros de labores sin advertirles sobre su contenido.
Los hechos ocurrieron durante la tarde del pasado 3 de noviembre, desencadenando una emergencia sanitaria interna que afectó a diversos funcionarios, quienes presentaron cuadros agudos de intoxicación. La gravedad de los efectos colaterales de la ingesta provocó que uno de los trabajadores afectados terminara hospitalizado en estado grave, movilizando a los equipos de emergencia y a las policías para esclarecer el origen y la composición exacta de los productos consumidos.
Imputación de cargos y acciones de la fiscalía
Durante la audiencia de formalización realizada este viernes, la Fiscalía Metropolitana Occidente detalló los antecedentes reunidos tras solicitar previamente la ampliación del plazo de detención. El fiscal (s) Gleys Fernández sostuvo ante el tribunal que al imputado se le atribuyen un total de ocho delitos, divididos entre infracciones a la ley 20.000 de drogas y cuasidelitos de lesiones menos graves y graves, argumentando que el sujeto habría adquirido los comestibles en un grow shop y los trasladó desde su domicilio hasta su lugar de trabajo.
Por su parte, la defensa representada por la abogada María Eugenia Pérez entregó una versión divergente sobre la procedencia de las sustancias. La jurista afirmó que su representado desempeña labores en el área de bodegas y manejo de equipaje, señalando que las golosinas habrían sido encontradas en el suelo tras la caída de una maleta, compartiéndolas sin mediar intención dolosa. En tanto, las pruebas preliminares apuntan a la presencia de tetrahidrocannabinol, las cuales deberán ser ratificadas mediante peritajes oficiales del Instituto de Salud Pública.
Plazos de investigación y próximas diligencias judiciales
Ante la negativa del tribunal de primera instancia de conceder la máxima cautelar solicitada por el Ministerio Público, el fiscal Gleys Fernández interpuso una apelación verbal, por lo que la Corte de Apelaciones de Santiago deberá revisar los antecedentes y pronunciarse sobre la solicitud de prisión preventiva. Paralelamente, el tribunal fijó un plazo judicial de 120 días para el desarrollo de la investigación formal.
Este periodo permitirá a las autoridades persecutoras y a las policías realizar los análisis toxicológicos definitivos, tomar declaraciones adicionales a los afectados y esclarecer las circunstancias exactas en que se produjo la distribución de los comestibles. El caso continúa bajo estricto rigor judicial mientras se evalúa la evolución médica de los funcionarios afectados por la intoxicación en el recinto aeroportuario.
