Advertisement

Gobierno aumenta fiscalizaciones mineras tras 13 muertes fatales en faenas del país




Puedes cambiar la voz (gratis). Primero lee el título y luego la noticia.

El Gobierno chileno anunció un incremento sustancial en las fiscalizaciones mineras y en los recursos destinados a la seguridad laboral, luego de que un total de 13 trabajadores perdieran la vida en distintas faenas a lo largo del país durante 2026. La seguidilla de accidentes fatales, que incluyó la trágica muerte de cuatro operarios en apenas tres días durante el mes de octubre —entre ellos dos contratistas en la división El Teniente—, volvió a encender las alarmas sobre los sistemas de prevención en la principal industria de la macrozona norte y el cono sur, generando una respuesta inmediata por parte de las autoridades centrales y del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin).

La crisis de seguridad sectorial motivó la conformación de una mesa de trabajo transversal que reunió a representantes de los trabajadores, compañías productoras, asociaciones gremiales y organismos públicos. En este contexto, el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, oficializó un plan extraordinario que contempla elevar las inspecciones en terreno hasta alcanzar las 13.000 fiscalizaciones anuales al cierre de 2027, lo que representa un aumento del 30% en comparación con el ejercicio anterior y busca ampliar la cobertura efectiva al 50% del universo de faenas mineras operativas en territorio nacional.

Metas de fiscalización y desafíos en la prevención minera

El plan gubernamental no solo contempla un aumento cuantitativo en las visitas inspectivas, sino también la inyección de recursos frescos orientados a la adquisición de equipamiento especializado, tecnología preventiva de vanguardia y una mayor presencia territorial de los inspectores de Sernageomin. Asimismo, el organismo técnico ha impulsado la reactivación de los comités regionales de seguridad, la revisión rigurosa de matrices de riesgo, la implementación obligatoria de barreras críticas al inicio de cada turno, la ejecución de inspecciones no programadas y la facultad de aplicar paralizaciones preventivas inmediatas ante la detección de peligros inminentes para la vida de los operarios.

No obstante el despliegue estatal, el debate sectorial se ha centrado en la disparidad de respuestas y medidas concretas comunicadas por las empresas mineras. Mientras el Estado exhibe metas cuantificables y plazos verificables, las grandes compañías y corporaciones han mantenido una postura de comunicación más reservada tras los recientes siniestros. Si bien empresas estatales como Codelco informaron sobre ajustes técnicos en el monitoreo sísmico y refuerzos en protocolos de evacuación tras el accidente masivo de 2025, los eventos trágicos de octubre de 2026 en El Teniente se limitaron a comunicados institucionales de pesar y colaboración con las indagatorias, sin detallar un plan extraordinario sectorial con responsables e inversiones específicas.

La urgencia de extender la seguridad a toda la cadena de contratistas

Uno de los flancos más complejos evidenciados durante la actual crisis dice relación con la gestión y el resguardo de los trabajadores subcontratistas. El trágico alud registrado en la alta cordillera demostró que la cadena de siniestralidad afecta con mayor crudeza al personal externo que presta servicios a empresas contratistas de las grandes mineras, lo que exige que los estándares de prevención y fiscalización no se limiten exclusivamente a la dotación de planta, sino que abarquen de manera transversal a toda la estructura operacional de la faena.

Organizaciones gremiales como el Consejo Minero han reconocido públicamente la gravedad de la coyuntura y la imperiosa necesidad de reforzar los resguardos operacionales; sinergias que deberán traducirse en compromisos auditables y verificables a corto plazo. Las autoridades han enfatizado que la seguridad en la industria extractiva no puede depender únicamente de la labor fiscalizadora del Estado, haciendo un llamado categórico a los directorios, ejecutivos y supervisores de faena a asumir su rol activo en la identificación oportuna de riesgos críticos, la detención de faenas inseguras y la protección efectiva de la vida humana en la minería chilena.