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Fernando Rabat defiende interpretación de fallo de la Suprema en plena crisis política

0:00 / --:-- Locución HD

En el marco de la controversia política conocida como Operación Rabat, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, salió a la palestra este miércoles para defender su interpretación de un reciente fallo de la Corte Suprema. El secretario de Estado aseguró que el máximo tribunal del país respaldó su postura de que no existe un plazo legal específico, como las 24 horas que habían sido exigidas por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, para resolver las solicitudes de rebaja de condena. Esta declaración busca zanjar el debate público que ha centrado la atención mediática y política en las últimas semanas, posicionando al ministro como el defensor de la legalidad administrativa frente a las presiones legislativas.

El contexto de esta disputa se enmarca en la Ley 19.856, que regula las rebajas de condena en Chile. La tensión ha escalado debido a la demora en la resolución de un caso específico, donde un hombre condenado por violar reiteradamente a una niña solicitó una rebaja. Mientras la oposición exige celeridad y transparencia, el Ejecutivo sostiene que la ley no establece un tope horario rígido, sino un deber de resolución razonable. Esta diferencia de interpretación ha generado un choque institucional que trasciende lo técnico y se ha convertido en un eje central de la polarización política actual en el país.

Defensa técnica y esquivar el pulso político

Frente a los medios de comunicación, Rabat fue categórico: «No existe ese plazo y eso lo acaba de ratificar ayer la Corte Suprema». El ministro invitó a leer íntegramente la sentencia para comprobar que ni la ley ni su reglamento establecen la obligación de resolver en un día. Sin embargo, expertos legales señalan que el fallo también ordenó al Ministerio de Justicia actuar «a la brevedad», lo que implica que, aunque no haya un número de horas fijo, el expediente no puede permanecer indefinidamente sin una decisión formal. Rabat aclaró que el tribunal no ordenó conceder la rebaja ni liberar al condenado, sino que le dio la facultad de acoger o rechazar la petición conforme a derecho.

Más allá de lo jurídico, el ministro optó por una estrategia de cautela ante las críticas de la oposición. En la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara, las diputadas Emilia Schneider (FA), Consuelo Veloso (FA), Sofía González (PC) y Carolina Cucumides (PS) abandonaron la sesión ante la presencia de Rabat, a quien consideran un interlocutor no válido debido a la acusación constitucional en su contra. Consultado por este incidente, el titular de Justicia evitó la confrontación directa y prefirió destacar la aprobación unánime de un proyecto para fortalecer las medidas cautelares de protección frente a la violencia contra las mujeres, desviando el foco hacia los logros legislativos de su cartera.

Acusación constitucional y próximos pasos

La situación del ministro se complica con la acusación constitucional que enfrenta, la cual fue notificada formalmente el martes. Rabat confirmó que cuenta con diez días hábiles para presentar sus descargos, una tarea que ha delegado en su abogado, Juan Ignacio Piña. El ministro reiteró su confianza en que el libelo sea rechazado por la Cámara de Diputadas y Senadores. Además, informó que su cartera está preparando la entrega de los decretos y antecedentes solicitados en la investigación por presunta prevaricación administrativa, un plazo que vence este viernes 20 de noviembre, aunque no descartó enviarlos antes como muestra de transparencia.

El impacto de esta crisis se extiende más allá del Ministerio de Justicia, afectando la relación entre el Gobierno y la oposición, así como la estabilidad del propio gabinete. La decisión de Rabat de no involucrarse en la controversia entre La Moneda y el Partido de la Gente (PDG), tras los dichos del vocero Gonzalo Arenas, busca mantener la neutralidad del Ejecutivo en una coyuntura electoral delicada. La comunidad jurídica y política observará con atención los próximos días, donde la presentación de los descargos y la eventual votación en el Congreso definirán el futuro político del ministro y el rumbo de la política criminal en Chile.