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Ministerio Público advierte sobre el avance del microtráfico y la trata de personas en nuevo informe de crimen organizado

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El crimen organizado en Chile registra una profunda transformación hacia mercados ilícitos más concentrados y estructuras delictivas sofisticadas, según reveló el Ministerio Público al dar a conocer el tercer Informe de Crimen Organizado. El documento institucional, presentado por el fiscal nacional Ángel Valencia, detalla que durante el año 2025 los ingresos de causas asociadas a estas redes experimentaron un incremento del 6,8%, alcanzando un total de 6.121 casos a nivel nacional, fenómeno impulsado de manera determinante por la expansión del microtráfico y la diversificación de sus operaciones.

Este escenario de mutación delictual plantea nuevos desafíos operativos para las instituciones del Estado encargadas de la persecución penal, obligando a replantear las estrategias investigativas tradicionales. La investigación desarrollada por la Fiscalía detalla que las organizaciones criminales han demostrado una mayor capacidad de arraigo territorial, estableciendo vínculos complejos con redes logísticas, financieras e incluso conexiones con sectores de corrupción y el sistema penitenciario que facilitan su operación ilícita en distintas regiones del país.

Tendencias delictuales y cifras clave del informe fiscal

Al analizar el desglose estadístico del periodo 2025, el informe consigna que el principal motor del aumento de causas provino del microtráfico, sector que experimentó un alza porcentual del 49,6%. En contraparte, uno de los datos más llamativos del documento fue la disminución de las víctimas de homicidios vinculados al crimen organizado, las cuales experimentaron una caída del 46,2%, pasando desde los 199 casos registrados en 2024 a 107 durante el año pasado. Sin embargo, las autoridades del Ministerio Público llamaron a mantener la cautela ante esta baja, señalando que los primeros antecedentes recopilados durante el presente año obligan a monitorear permanentemente esta tendencia.

Junto con la variación en los delitos violentos letales, el estudio advierte un preocupante incremento del 36,9% en las víctimas identificadas de trata de personas, que aumentaron de 179 a 245 afectados en el mismo lapso. Asimismo, el análisis institucional profundizó en la creciente participación de menores de edad y adolescentes en actividades ilícitas dentro de estas estructuras, consolidando un panorama de mayor vulnerabilidad social que exige respuestas integrales del Estado.

Desarticulación financiera y cooperación interinstitucional

Ante este nuevo diagnóstico, la máxima autoridad del Ministerio Público enfatizó que la persecución penal no puede limitarse al arresto de infractores individuales, sino que debe orientarse estratégicamente a desarticular las finanzas y la logística de las bandas. «El informe no es un mero compendio de cifras: es una herramienta para orientar decisiones de persecución penal fundadas en evidencia», sostuvo el fiscal nacional Ángel Valencia durante la exposición de los datos metodológicos recolectados en los últimos tres años.

Para enfrentar con eficacia estas estructuras complejas, la Fiscalía planteó la urgente necesidad de robustecer las capacidades de inteligencia criminal, optimizar el seguimiento del dinero y el comiso de bienes ilícitos, y fomentar investigaciones integradas con una sólida coordinación interinstitucional tanto a nivel nacional como internacional. Estas medidas buscan neutralizar el impacto territorial de las redes delictivas y cortar el flujo de recursos que alimenta su expansión en el territorio nacional.