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Cuestionan doble estándar en Municipalidad de Arica tras desvinculación de funcionario

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La Municipalidad de Arica se encuentra en el centro de una fuerte controversia administrativa tras conocerse la aplicación de criterios dispares ante conductas reñidas con la probidad. El caso más reciente involucra la desvinculación inmediata de Rodrigo Plaza Aguilera, quien se desempeñaba como guardia facilitador y fue detenido por agredir al comediante Luis Slimming durante un evento en el Hotel Antay. La rápida reacción del municipio, que puso término anticipado al contrato a honorarios del funcionario, ha contrastado drásticamente con la situación de Juan Olivares Soto, chofer de confianza del alcalde Orlando Vargas Pizarro, quien continúa en la institución a pesar de haber protagonizado un accidente de tránsito bajo los efectos del alcohol en un vehículo fiscal.

Este escenario ha levantado alertas sobre la gestión de recursos humanos y la ética en el servicio público local. Mientras que la agresión al humorista, motivada según el imputado por un descontento con la rutina presentada, derivó en una formalización por lesiones leves con un plazo de investigación de 60 días, el caso del conductor municipal ha escalado a instancias superiores. La Contraloría Regional mantiene abierta una indagatoria que apunta a posibles maniobras para encubrir el choque ocurrido el pasado 14 de mayo, donde el funcionario arrojó 1,44 gramos de alcohol por litro de sangre, además de la participación del Consejo de Defensa del Estado (CDE) mediante una querella criminal.

Criterios dispares en la Municipalidad de Arica

La disparidad en las medidas disciplinarias ha generado un intenso debate al interior del Concejo Municipal. El concejal Daniel Manríquez Zúñiga ha cuestionado la falta de transparencia en la contratación de personal, señalando que la administración no informó oportunamente sobre la condición de funcionario del agresor de Slimming. Según el edil, esta situación no es aislada, ya que existen antecedentes de otros trabajadores que han sido fiscalizados por conducción bajo los efectos del alcohol o que enfrentan denuncias por acoso laboral, afectando la imagen de los funcionarios de carrera que cumplen sus labores con rectitud.

Por su parte, la concejala Dolores Cautivo Ahumada enfatizó que la condición de funcionario público debe ser un honor y no un espacio para la impunidad. La edil manifestó su rechazo a las medidas que parecen responder únicamente a la presión mediática, instando a que tanto el guardia despedido como el conductor involucrado en el choque enfrenten los procesos judiciales y sumarios administrativos correspondientes, sin que existan tratos preferenciales basados en la cercanía con la autoridad comunal.

Investigaciones en curso y consecuencias legales

El futuro de Juan Olivares Soto en el municipio permanece bajo escrutinio, especialmente tras revelarse que, a pesar del accidente, fue reasignado a labores en el Terminal de Buses Internacional manteniendo su remuneración bruta de $1.954.410. La investigación de la Contraloría ha revelado irregularidades graves, como la reparación del vehículo fiscal con recursos propios sin dar aviso del siniestro, lo cual contraviene los protocolos de uso de bienes públicos. El CDE, en su querella, busca que se apliquen las penas máximas contempladas en la Ley de Tránsito, dado que el imputado ejercía funciones de transporte de personas al momento de los hechos.

La comunidad ariqueña espera ahora que los resultados de las investigaciones en curso, tanto por parte del Ministerio Público como del órgano contralor, marquen un precedente sobre la responsabilidad que conlleva el ejercicio de cargos públicos. La falta de respuestas claras por parte de la administración municipal frente a los requerimientos de los concejales sobre las hojas de vida y antecedentes de sus conductores mantiene la tensión política en la zona, mientras se aguardan las próximas etapas procesales que determinarán las sanciones definitivas para los involucrados.