El gobierno de El Salvador confirmó el despliegue de más de 2.000 soldados en Haití como parte de una operación para rescatar a cuatro militares salvadoreños desaparecidos hace casi dos semanas en una emboscada atribuida a bandas criminales. La información fue comunicada por el presidente Nayib Bukele al primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aime, a principios de esta semana, según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores salvadoreño difundido el miércoles. Los cuatro efectivos, técnicos de la fuerza aérea, integraban la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés), una misión militar respaldada por la ONU que combate a las pandillas en el país caribeño.
La desaparición ocurrió cuando los militares regresaban a su base en un vehículo blindado y fueron emboscados en una zona controlada por grupos armados denominados Croix-des-Bouquets, en las afueras de Puerto Príncipe. Hasta el momento, ninguna organización ha reivindicado el ataque. Este incidente ha elevado la tensión entre ambos países y puso en evidencia la compleja situación de seguridad en Haití, donde las pandillas controlan amplias zonas de la capital y han sumido al país en una crisis humanitaria y política desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021.
Operación a gran escala con apoyo internacional
El Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador calificó el despliegue como una «operación a gran escala» que contó con el apoyo de varios países y organizaciones internacionales. Según el comunicado, Bukele afirmó que los soldados también prestarían apoyo en las «operaciones de seguridad en curso contra las pandillas en Haití». La cancillería salvadoreña no especificó qué naciones o entidades colaboraron, pero el respaldo logístico y de inteligencia habría sido crucial para movilizar a un contingente de tal magnitud en el Caribe.
La semana pasada, Bukele había amenazado en la red social X con «acabar con las pandillas de Haití» si no liberaban a los salvadoreños, advirtiendo que replicaría las medidas de mano dura que implementó en su país. En octubre del año pasado, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la ampliación de las competencias de la GSF para hacer frente al empeoramiento de la violencia, pero la fuerza multinacional ha tenido dificultades para penetrar en los territorios bajo control de las bandas. De acuerdo con Naciones Unidas, más de 5.700 personas murieron este año en Haití a causa de la violencia relacionada con las pandillas.
Intercambio de cuerpos y tensiones diplomáticas
A principios de esta semana, el gobierno haitiano entregó cuatro cadáveres a las fuerzas especiales salvadoreñas, alegando que pertenecían a los militares desaparecidos. Sin embargo, Bukele afirmó que los cuerpos no coincidían con los de los efectivos. Según el mandatario, uno de los cadáveres era de un niño y otro vestía el uniforme militar de otro país, lo que generó desconcierto y aumentó la presión sobre las autoridades haitianas para esclarecer el paradero de los cuatro técnicos de la fuerza aérea.
La entrega de los cuerpos, que no habrían correspondido a los desaparecidos, profundizó la crisis diplomática entre San Salvador y Puerto Príncipe. El gobierno salvadoreño exigió celeridad en las investigaciones y advirtió que mantendrá la presión militar hasta obtener respuestas. Mientras tanto, la comunidad internacional observa con preocupación la escalada, dado que la misión de la GSF ya enfrentaba serias limitaciones para cumplir su mandato en un territorio fragmentado por el control de las pandillas.
Impacto regional y proyecciones de la misión
El despliegue salvadoreño representa un giro significativo en la participación de países latinoamericanos en la crisis haitiana. Hasta ahora, la GSF había estado liderada por Kenia y contaba con aportes de otras naciones, pero la magnitud de la fuerza enviada por El Salvador supera a la de varios socios. Analistas señalan que la operación podría sentar un precedente sobre la disposición de gobiernos del continente a intervenir directamente en Haití, aunque también plantea interrogantes sobre la coordinación con la ONU y el respeto a los derechos humanos.
Para la comunidad haitiana, la presencia de tropas extranjeras adicionales genera expectativas y recelos. Organizaciones de derechos humanos han advertido sobre la necesidad de que las operaciones se realicen con transparencia y sin afectar a la población civil. En tanto, el gobierno de El Salvador no ha fijado un plazo para el retiro de sus soldados, y se espera que en los próximos días se conozcan más detalles sobre los resultados de la búsqueda de los cuatro militares desaparecidos. La evolución de este caso será clave para el futuro de la misión multinacional y para la estabilidad de Haití, un país que sigue sumido en una profunda crisis institucional y de seguridad.
