Puedes cambiar la voz (gratis). Primero lee el título y luego la noticia.
La seguridad en la minería chilena volvió al centro de la agenda pública luego de que 13 trabajadores fallecieran en faenas durante 2026, cuatro de ellos en apenas tres días de octubre. El hecho más reciente fue el alud ocurrido el 11 de octubre en la mina El Teniente, que provocó la muerte de dos trabajadores contratistas de Codelco. Ante esta seguidilla de accidentes fatales, el Gobierno anunció un incremento sustancial del presupuesto de seguridad minera de Sernageomin para 2027 y fijó como meta elevar las fiscalizaciones a 13.000 anuales, un 30% más que en 2026, además de ampliar la cobertura al 50% del universo de faenas. El anuncio lo realizó el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, el 16 de octubre, tras una mesa transversal que reunió a trabajadores, compañías, asociaciones y organismos públicos.
La principal industria de Sudamérica enfrenta un escrutinio creciente sobre sus sistemas de prevención. El accidente de julio de 2025 en El Teniente, que dejó seis fallecidos, ya había encendido las alarmas, pero la cadena de muertes continuó en 2026. La responsabilidad de la seguridad no recae exclusivamente en el Estado, sino que involucra a las empresas titulares y a la cadena de contratistas, un eslabón especialmente crítico. En el caso del alud de octubre, los dos trabajadores fallecidos pertenecían a una firma subcontratista que prestaba servicios a otra contratista, lo que evidenció la complejidad de la gestión preventiva en la gran minería.
Fiscalizaciones y metas gubernamentales: el plan de Sernageomin
El biministro Daniel Mas explicó que el aumento presupuestario permitirá financiar equipos, tecnología preventiva y una mayor presencia territorial de Sernageomin. «La seguridad no depende exclusivamente del Estado», sostuvo la autoridad, al convocar a compañías y contratistas a asumir sus responsabilidades. En esa línea, el organismo fiscalizador impulsó la reactivación de comités regionales, revisiones de riesgos y barreras críticas al comenzar los turnos, inspecciones no programadas y paralizaciones preventivas ante peligros inminentes. Estas medidas buscan anticiparse a los accidentes y no solo reaccionar ante ellos. Sin embargo, los anuncios con metas cuantificables provinieron principalmente de las autoridades, mientras que las empresas han comunicado medidas dispares y no se identifica públicamente un plan extraordinario sectorial con responsables, inversiones y plazos verificables.
Codelco, por su parte, informó medidas relevantes tras el accidente de julio de 2025, como ajustes en monitoreo sísmico, actualización de estándares frente a estallidos y caída de roca, refuerzo de evacuaciones, capacitación e instancias técnicas para incorporar aprendizajes. No obstante, tras el alud de octubre de 2026, su comunicación oficial se concentró en las condolencias, la descripción de la emergencia y la colaboración con la investigación, sin anunciar un nuevo programa extraordinario de prevención. El Consejo Minero, que representa a los grandes productores, reconoció mediante su gerente general, Carlos Urenda, la gravedad de los hechos y la necesidad de fortalecer la prevención, pero su declaración del 16 de octubre tampoco presentó un programa conjunto con presupuestos, responsables e hitos comprobables.
Impacto y proyecciones: la seguridad como desafío pendiente
La diferencia de alcance y visibilidad entre las declaraciones de las empresas y las decisiones del Gobierno plantea una pregunta central: ¿por qué las medidas públicas más precisas surgen del organismo fiscalizador y no de las compañías que administran y supervisan diariamente los riesgos? Estar presentes en una mesa de diálogo no equivale a anunciar cambios operacionales nuevos, y una respuesta específica después de un accidente no constituye una estrategia sectorial para prevenir la repetición de tragedias. No se puede descartar la existencia de auditorías y medidas internas no difundidas, pero la exigencia periodística apunta a conocer cuáles son esas decisiones, quiénes las ejecutan, cuánto se invierte y cómo se verifica su eficacia.
Las cifras de fiscalización no sustituyen la obligación permanente de identificar riesgos críticos, detener tareas inseguras y comprobar que las medidas correctivas funcionen. Más visitas oficiales no garantizan por sí solas una operación segura. La advertencia alcanza también a la minería argentina y a las operaciones de cordillera, expuestas a fenómenos meteorológicos extremos y tareas complejas. La prevención debe demostrar resultados antes de que ocurra un accidente, tanto en compañías titulares como en contratistas. Con 13 muertes en lo que va de 2026, el desafío para la industria y el Estado es mayúsculo: recuperar la confianza mediante acciones concretas, verificables y coordinadas que pongan la vida de los trabajadores por sobre cualquier meta de producción.
