La balacera en Puente Alto que dejó cinco personas heridas en el sector de Bajos de Mena ha reabierto el debate sobre la seguridad en los centros de salud de la Región Metropolitana. El hecho, ocurrido la noche del miércoles en la intersección del pasaje Brahms con calle Weber, comenzó como una riña entre dos individuos que escaló rápidamente cuando uno de ellos sacó un arma de fuego y disparó en reiteradas ocasiones contra su rival y contra un grupo de personas que se encontraba en el lugar, generando además daños en una vivienda particular cercana.
Los cinco lesionados fueron trasladados inicialmente al Cesfam Raúl Silva Enríquez, pero debido a la gravedad de sus heridas, fueron derivados al Hospital Sótero del Río. Sin embargo, la situación se agravó cuando un grupo de sujetos llegó al centro de salud y protagonizó desórdenes e incidentes al interior de la institución. Este episodio marca el segundo ataque contra este establecimiento de salud en menos de un mes, lo que ha generado una profunda preocupación en la comunidad local y en las autoridades comunales.
Crítica a la falta de presencia policial en el Cesfam
El alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, expresó su indignación a través de redes sociales, denunciando que el Gobierno no cumplió con los compromisos adquiridos tras el primer incidente de violencia ocurrido en octubre. Según el edil, existía un acuerdo con la ministra de Salud para instalar un punto fijo de Carabineros en el Cesfam, medida que no se materializó la noche de los hechos. «Ocurrió una balacera, tuvimos cinco heridos en este enfrentamiento entre bandas rivales. Estos llegaron acá al cesfam Silva Enríquez, donde había un compromiso de la ministra de que iba a haber un punto fijo de carabineros, el cual no estaba», señaló Toledo.
El municipio ha decidido cerrar las puertas del Cesfam Raúl Silva Enríquez durante la jornada de este jueves como medida preventiva. Toledo cerró su declaración con un fuerte llamado a las autoridades nacionales: «El Gobierno faltó a un compromiso que había adquirido con Puente Alto», enfatizando la necesidad de garantizar la integridad de los funcionarios de salud y de los pacientes que acuden a estos recintos.
Investigación de la PDI y proyecciones de seguridad
La indagatoria quedó a cargo de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI), cuyos oficiales se hicieron presentes primero en el centro de salud y luego en el sitio del suceso para determinar la mecánica exacta de la balacera y la identidad de los responsables. La intervención policial busca esclarecer si se trata de una disputa entre bandas delictuales organizadas o de un conflicto puntual que escaló desproporcionadamente.
Este incidente pone en evidencia la vulnerabilidad de los centros de salud primarios ante la violencia urbana y la necesidad de fortalecer los protocolos de seguridad en la Región Metropolitana. Se espera que las autoridades regionales y nacionales evalúen nuevas estrategias de protección para los recintos de salud, garantizando que los compromisos de custodia se cumplan de manera efectiva y permanente para evitar futuros ataques.
