El activismo climático radical en Europa enfrenta un escenario de creciente asedio judicial que, según sus propios protagonistas, está logrando lo que las detenciones policiales no habían conseguido: desmovilizar un movimiento que hasta hace pocos años protagonizaba acciones de alto impacto mediático. La organización española Futuro Vegetal, conocida por pegarse a los marcos de las majas de Goya en el Museo del Prado o por bloquear pistas del aeropuerto de Barajas, afronta múltiples procesos penales y una investigación policial que la sindica como organización criminal, una figura que sus integrantes rechazan de plano. La situación, revelada en un reportaje del diario El País, evidencia una tendencia que se extiende por el continente: los tribunales absuelven o imponen penas leves, pero la dilatación de las causas y el costo emocional y económico de los juicios terminan por desactivar la protesta.
El fenómeno no es nuevo, pero se ha intensificado desde que en 2018 el movimiento Fridays for Future, impulsado por la sueca Greta Thunberg, llevara a cientos de miles de personas a las calles. Tras la pandemia, organizaciones como Futuro Vegetal, Rebelión Científica o Extinction Rebellion apostaron por acciones disruptivas —cortes de carreteras, lanzamiento de pintura biodegradable, interrupciones en aeropuertos— para exigir a los Estados medidas concretas frente a la emergencia climática. La respuesta estatal, sin embargo, ha ido más allá del control policial y se ha trasladado a los tribunales, según advierten sociólogos y juristas. En Reino Unido, el cofundador de Just Stop Oil, Roger Hallam, fue condenado a cuatro años de prisión por organizar protestas en autopistas; en Alemania, miembros de Última Generación han sido procesados bajo la sospecha de formar una organización criminal, una acusación similar a la que enfrenta Futuro Vegetal en España.
El asedio judicial que busca desmovilizar al activismo climático
Las cifras y los testimonios recogidos por el medio español dibujan un panorama de desgaste sistemático. Alba del Río, de 25 años y militante de Futuro Vegetal, resume la paradoja: “Hacemos protestas pacíficas para llamar la atención de la emergencia climática, pero nos tratan como si fuéramos terroristas”. Del Río enfrenta varios juicios, entre ellos uno por colarse en las pistas de Barajas, donde ella y otros dos activistas —junto a un periodista— fueron absueltos esta semana, aunque la policía mantiene la investigación contra el colectivo como organización criminal y aún pesa sobre ellos una posible multa administrativa de 90.000 euros. La socióloga política Dorte Fischer, de la Universidad de Trento, explica que “en toda Europa, el enfrentamiento se ha trasladado de las calles a los tribunales. Los activistas se han enfrentado a detenciones, multas cuantiosas y procesos penales, y en ocasiones los fiscales han solicitado penas de años de prisión por protestas no violentas”. Su colega Luz Muñoz, de la Universidad de Barcelona, añade que esta represión “puede llegarle a cualquier activista, piensan que pueden acabar en la cárcel, que va a afectar a su trabajo y a su familia, y eso hace que se replanteen las acciones. Está teniendo un efecto de congelación de las protestas”.
Los casos se multiplican. En octubre de 2019, dos centenares de personas cortaron el puente de Joaquín Costa sobre la Castellana, en Madrid; tres de ellas fueron acusadas de resistencia a la autoridad y el proceso acaba de concluir con una multa de 270 euros, aunque la defensa recurrirá porque supone antecedentes penales. Uno de los condenados es Jorge Riechmann, profesor de Filosofía de la Universidad Autónoma de Madrid, quien denuncia que les pedían diez meses de prisión por una acusación falsa de agresión. Otra condenada, Marina, que prefiere no dar su apellido, confiesa que “era la primera manifestación ambiental a la que iba y se me han quitado las ganas de protestar”. En el puerto de Sagunto (Valencia), tres activistas de Greenpeace —entre ellos Paco del Pozo— fueron absueltos recientemente tras enfrentar una petición fiscal de cinco años de cárcel por impedir la entrada de un buque con gas procedente de Estados Unidos. “Ha sido un año intenso en el que he sufrido tres juicios. Lo he vivido con la respiración contenida, porque son años esperando, te piden muchos años de cárcel y eso te crea muchísima incertidumbre”, relata Del Pozo.
Impacto en la comunidad y proyecciones: un movimiento que pierde fuerza
El costo no es solo psicológico. Las organizaciones advierten que la imposición de procesos judiciales prolongados —de cuatro a seis años— y las multas administrativas al amparo de la ley mordaza están inhibiendo la participación de nuevos activistas. Chavi Vicente, portavoz de Rebelión o Extinción, señala que “están usando la ley mordaza para multarnos sin pasar por juicios, con sanciones de 600 euros por poner una pancarta en la calle. Y también están alargando los juicios durante cinco o seis años, lo que desmoviliza a toda la gente que está intentando luchar”. Javier Raboso, de Greenpeace, habla de una “pena de banquillo” que se alarga en el tiempo y hace que los activistas dejen de protestar, mientras Javier Andaluz, de Ecologistas en Acción, subraya el “enorme coste emocional” que supone para las personas implicadas. Desde Amnistía Internacional, Daniel Canales exige derogar la ley mordaza y modificar el Código Penal para garantizar el derecho a la protesta pacífica, al tiempo que denuncia “una criminalización de acciones pacíficas de protesta y desobediencia civil, peticiones de penas cada vez más severas y procedimientos penales que se alargan durante años”.
El desgaste se refleja en las propias filas. Bilbo Basaterra, fundador de Futuro Vegetal, admite que la acusación de organización criminal “ha sido un mazazo y nos ha hecho mucho daño” para seguir protestando y sumar nuevos militantes. Victòria Domingo, otra fundadora absuelta en el caso de Barajas pero que enfrenta otro juicio por lanzar pintura roja a la Delegación de Gobierno en Barcelona, sostiene que “la represión nos ha hecho mucho daño como colectivo, sobre todo considerarnos organización criminal, además de las infiltraciones de la policía”. Mauricio Misquero, condenado a una multa de 1.400 euros por dañar patrimonio histórico en el Congreso, reconoce que “la represión ha sido un factor importante para desactivar estas protestas, aunque también ha perdido cierta actualidad y ahora se está hablando más de vivienda, de Palestina o de otras causas sociales”. El movimiento climático, otrora masivo y ruidoso, parece entrar en una fase de reflujo obligado, mientras sus integrantes denuncian que, en lugar de atender la emergencia climática, los Estados invierten recursos en perseguir a quienes alertan sobre ella.
