La discusión sobre la regulación de las redes sociales y su impacto en los menores de edad sumó un nuevo capítulo en Europa. Un grupo de laboratorios de ideas vinculados a partidos socialistas de cinco países, entre ellos España, elaboró un documento que propone ir más allá de las restricciones de edad contempladas en la Ley de Niños (Kids Act) presentada por la Comisión Europea en septiembre pasado. La propuesta, gestada en Valencia entre el 2 y el 4 de septiembre, apunta a modificar las condiciones de mercado que permiten el funcionamiento actual de las plataformas, incorporando el principio de interoperabilidad y sanciones económicas de carácter disuasorio.
El texto, impulsado por la Fundación Avanza —vinculada al PSOE— junto a otros think tanks progresistas de Alemania, Francia, Italia y Portugal, busca influir en la posición que adoptarán los eurodiputados durante la negociación de la normativa. La Ley de Niños, impulsada por la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, contempla medidas como prohibir el acceso a redes sociales a menores de 13 años, establecer una entrada gradual a ese entorno virtual y fijar un tiempo máximo de exposición a pantallas de una hora diaria hasta los 15 años. Sin embargo, para estos especialistas, esas disposiciones resultan insuficientes porque no alteran las reglas del mercado digital.
La interoperabilidad como eje de la propuesta socialista
El documento pone el acento en la interoperabilidad, un concepto que permitiría a los usuarios de una plataforma entrar, leer y escribir en otra sin necesidad de crear una cuenta nueva y sin abandonar la propia. Según los impulsores, esta medida rompería el carácter cerrado de las redes sociales y reduciría la dependencia de un espacio digital específico. “Queremos ayudar con nuestra reflexión a los partidos que generalmente no se pueden tomar el tiempo de debatir en profundidad sobre estos temas”, explicó Berna León, director general de la Fundación Avanza, quien agregó que la interoperabilidad “puede ser una buena palanca para desplataformizar las redes sociales” y “romper su poder de mercado”.
Los think tanks socialdemócratas también advierten sobre la “asimetría de poder” entre las grandes tecnológicas y las instituciones europeas. El texto señala que los gigantes digitales combinan escala económica, acceso político directo y una contratación pública que genera dependencia: “Los gobiernos europeos contratan sistemas tecnológicos por valor de cientos de millones de euros precisamente a las empresas que intentan regular”. En esa línea, proponen que la Comisión Europea tenga la facultad de apagar preventivamente funcionalidades perjudiciales para los niños y de imponer multas “demasiado grandes como para que salga a cuenta pagarlas como coste aceptable de hacer negocios”.
Impacto en la protección de menores y próximos pasos en Bruselas
La iniciativa cobra relevancia ante las cifras expuestas por Von der Leyen al presentar la propuesta: los jóvenes europeos pasan entre cuatro y seis horas diarias frente a una pantalla, y quienes comenzaron a usar redes sociales antes de los 10 años llegan a siete u ocho horas online cada día. El documento también recomienda blindar por ley que todos los servicios digitales que se lancen al mercado hayan superado una inspección de seguridad para menores, simplificar la norma eliminando las minicuentas que requieren consentimiento parental para jóvenes de 13 y 14 años, y establecer que “la responsabilidad de garantizar la seguridad del producto debe recaer en la plataforma, no en los padres”.
Tras tres días de conversaciones en Valencia, los laboratorios de ideas preparan la presentación del documento en Bruselas ante un grupo de eurodiputados afines y de otras corrientes políticas. El objetivo es contribuir a fijar la posición progresista de cara a las negociaciones que se desarrollarán próximamente en la capital comunitaria para articular la propuesta de ley. La discusión europea se produce en un contexto global de creciente preocupación por el uso de redes sociales por parte de menores, y las conclusiones de estos think tanks podrían influir en el debate chileno sobre regulación digital y protección de la infancia en entornos virtuales.
