Una nueva arista en el escándalo de las rebajas de condena sacude al Ministerio de Justicia. Este miércoles, Radio BíoBío reveló que entre los beneficiados por decretos firmados por el ministro Fernando Rabat y el subsecretario Luis Silva se encuentran un narcotraficante italiano vinculado a la mafia, un homicida neonazi y un condenado por femicidio frustrado, sumándose a los más de 56 casos de reducción de penas a autores de delitos sexuales contra menores ya conocidos. La investigación, basada en la revisión de más de mil decretos del Gobierno del Presidente José Antonio Kast, evidencia un patrón de beneficios que ha encendido las alarmas políticas y sociales.
El caso más emblemático es el de Massimiliano Beltrami, ciudadano italiano vinculado durante su proceso judicial a la mafia, quien fue condenado a nueve años de prisión por intentar ingresar a Chile 103 kilos de cocaína, avaluados en más de $4.500 millones. El 15 de mayo, el ministro Rabat firmó una rebaja de nueve meses y 16 días, adelantando el término de su condena al día siguiente. La gravedad del delito y la presunta conexión internacional del condenado contrastan con la decisión administrativa que acortó su pena.
Beneficios a homicidas y la contradicción en los decretos
Otro de los favorecidos es Patricio Salas Villar, integrante del grupo neonazi Batallón 38, condenado a 13 años por el homicidio de Isaac Araya Herrera en 2014. El decreto firmado por el subsecretario Silva le concedió una reducción de 21 meses y 97 días, fijando el término de su pena para septiembre pasado. En tanto, José Teodulio Zúñiga Argel, condenado por femicidio frustrado tras atacar con un hacha a una mujer en 2019 —quien perdió dos dedos y sufrió graves lesiones—, recibió una rebaja de un mes y seis días firmada por Rabat. La víctima relató a Radio BíoBío: “Me sacó una lonja de cráneo con el hacha”, testimonio que subraya la brutalidad del hecho y la indignación por el beneficio otorgado.
La investigación también identificó a otros tres condenados por homicidio que recibieron reducciones: Cristian Delgado Oyarzo (seis meses menos por decreto de Silva), Alan Araya Lemus (ocho meses menos por Rabat) y Claudio Faúndez Chacón (13 meses menos por el ministro). Los documentos revelan además una contradicción significativa: mientras el decreto de Rabat para el narcotraficante italiano sostiene que Justicia no estaba habilitada para rechazar el beneficio por la gravedad del delito, el suscrito por Silva para el homicida neonazi afirma expresamente que el ministerio sí estaba facultado para denegarlo por ese motivo. Esta discrepancia podría constituir una infracción administrativa y alimenta las críticas hacia la cartera.
Presión política y defensa del ministro Rabat
La revelación golpea directamente la defensa del ministro Rabat, quien este miércoles compareció ante la Cámara de Diputados para explicar las rebajas. En su intervención, insistió en que su cartera se limita a formalizar las decisiones de las comisiones evaluadoras y no reconoció errores en los procesos, aunque admitió que el procedimiento no escucha a las víctimas y responsabilizó al Congreso por vacíos legales. Sus declaraciones no lograron aplacar los cuestionamientos de la oposición ni de algunos sectores oficialistas.
La crisis también abrió un frente político para La Moneda. La Democracia Cristiana confirmó que impulsará una acusación constitucional contra el ministro y exigió la salida del subsecretario Silva. Pese a las presiones, el Presidente Kast mantiene su respaldo al titular de Justicia, lo que profundiza la tensión política en el oficialismo. El Mostrador ya había informado sobre beneficiados con informes que advertían riesgo de reincidencia, reducciones de condena a presos por violaciones a los derechos humanos y el cambio de criterio aplicado por Justicia durante la propia gestión de Rabat.
Impacto en la ciudadanía y próximos pasos
El escándalo ha generado un fuerte impacto en la opinión pública, especialmente entre las víctimas de delitos violentos y sus familias, quienes exigen mayor transparencia y rigor en la evaluación de beneficios carcelarios. Organizaciones de derechos humanos y agrupaciones de víctimas han manifestado su rechazo a las rebajas, argumentando que estas decisiones revictimizan y socavan la confianza en el sistema de justicia. La ciudadanía, particularmente en regiones como Atacama y la Provincia del Huasco, donde los delitos violentos y el narcotráfico han dejado profundas huellas, observa con preocupación la falta de criterios claros y la posible impunidad.
En los próximos días, se espera que la Cámara de Diputados discuta la acusación constitucional contra el ministro Rabat, mientras el Ministerio de Justicia deberá entregar explicaciones detalladas sobre los decretos firmados. La oposición buscará capitalizar el descontento social, y el oficialismo enfrentará el desafío de mantener la cohesión interna. El desenlace de este caso no solo definirá el futuro político de Rabat y Silva, sino que también sentará precedentes sobre la transparencia y la responsabilidad en la administración de justicia en Chile. Enfoque Digital continuará monitoreando los acontecimientos y sus repercusiones en la región.
