Durante una intensa sesión desarrollada en la Cámara de Diputados, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, dio a conocer un antecedente que sacudió el debate político nacional respecto a la rebaja de penas a condenados por delitos sexuales contra menores de edad. En su intervención, el secretario de Estado reveló detalles sobre un caso en el que la administración del expresidente Gabriel Boric redujo en seis meses la condena y liberó a un individuo sentenciado por violación, generando inmediatas reacciones en el espectro político chileno.
El hecho expuesto sitúa la polémica en el centro del debate sobre las atribuciones del Ejecutivo en la concesión de beneficios de reducción de condena y la aplicación de criterios jurisprudenciales de los tribunales de justicia. Según la información dada a conocer, la situación apunta directamente a gestiones previas que guardan similitud con las revisiones administrativas que hoy fiscaliza el Congreso en el marco de las atribuciones ministeriales.
Detalles del caso investigado por Mega Investiga
De acuerdo con los antecedentes recopilados por Mega Investiga, el caso involucra a Jorge Brayan Escobar Escobar, quien en el año 2022 recibió una condena de tres años y un día de presidio como autor del delito de violación en contra de una menor de edad, ilícito perpetrado en la ciudad de Puerto Montt en marzo de 2018. El sujeto cumplía su sanción privativa de libertad en el Centro Penitenciario de la capital de la Región de Los Lagos, con fecha de término estipulada originalmente para el 25 de octubre de 2025.
Sin embargo, tras postular al beneficio de reducción de condena, los antecedentes fueron derivados al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, cartera que en ese periodo era liderada por el exministro Jaime Gajardo. Mediante el decreto 1943, sustentado en informes de la Seremi de Justicia y Derechos Humanos de Los Lagos, se acreditó el cumplimiento de los requisitos legales exigidos para este tipo de tramitaciones administrativas.
Fundamentos jurídicos y alcances de la medida
En el texto del decreto oficial, la autoridad ministerial citó jurisprudencia emanada de la Corte Suprema, argumentando que el ministerio se encontraba en la obligación legal de dictar el decreto correspondiente al comprobarse la satisfacción de las exigencias normativas. La rúbrica del entonces subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz —quien actuó en calidad de ministro subrogante—, permitió materializar la rebaja de seis meses en la pena privativa de libertad, fijando la nueva fecha de salida para el 25 de abril de 2025.
Este antecedente fue utilizado por el actual ministro Fernando Rabat para defender las actuaciones del Ejecutivo ante los cuestionamientos de los parlamentarios, evidenciando que administraciones pasadas también aplicaron criterios similares basados en dictámenes judiciales. La controversia continúa abierta en el ámbito legislativo, donde las distintas bancadas analizan las implicancias normativas y políticas de la aplicación de estos decretos de reducción de condena en el sistema penitenciario chileno.
