La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) se encuentra en una fase crítica de análisis tras la notificación oficial de los cargos SMA ENAP formulados por la Superintendencia del Medio Ambiente. La acción fiscalizadora apunta directamente a la gestión de la Refinería Aconcagua, ubicada en la zona de Concón, por la presunta entrega de información falsa e incompleta respecto a la recuperación de azufre y las emisiones de dióxido de azufre (SO2). Este proceso administrativo pone bajo la lupa la transparencia en los reportes ambientales de una de las empresas estatales más relevantes del país, en un territorio históricamente sensible por su carga industrial.
El escenario es complejo para la estatal, ya que de las cuatro infracciones detectadas, dos han sido calificadas como gravísimas por el ente regulador. Estas se relacionan con imprecisiones deliberadas en el reporte de emisiones al omitir el flujo de las antorchas (flaring) y la eficiencia real en los sistemas de recuperación de azufre. Debido a la magnitud de estos incumplimientos normativos, ENAP arriesga sanciones pecuniarias que podrían alcanzar las 22.000 Unidades Tributarias Anuales (UTA), lo que equivale a una cifra superior a los 19 millones de dólares, además de posibles medidas de clausura o revocación de resoluciones de calificación ambiental.
Alcance de los cargos SMA ENAP y respuesta institucional
Ante la gravedad de las imputaciones, ENAP emitió un comunicado oficial aclarando que la notificación de los cargos SMA ENAP marca el inicio de un procedimiento administrativo y no representa, por ahora, una sanción ejecutoriada. La compañía subrayó que fue su propia administración la que, tras auditorías internas, detectó inconsistencias en la información reportada, procediendo a informar voluntariamente a la SMA y al Ministerio Público. Según la estatal, han colaborado activamente con las autoridades competentes para fortalecer sus procesos de control y cumplimiento ambiental, buscando mitigar las posibles consecuencias legales.
Como parte de un proceso de saneamiento interno y responsabilidad administrativa, la empresa ya ha tomado medidas drásticas en su estructura organizacional. Durante el presente año, se ha procedido a la desvinculación de un total de 17 trabajadores vinculados directamente a las áreas de cumplimiento y operación de la refinería. En enero se despidió a ocho funcionarios, seguidos por otros ocho en junio y un último profesional en agosto, reflejando un esfuerzo por reestructurar el control ético y técnico tras las irregularidades detectadas en los reportes de emisiones de años anteriores.
Impacto en la comunidad y cumplimiento de normas
Respecto al impacto en la salud de las comunidades de Concón, Quintero y Puchuncaví, ENAP aseguró que no existen antecedentes técnicos que vinculen las omisiones de información con un daño directo a la población. Según los registros de las estaciones de monitoreo aledañas, desde el año 2019 se han cumplido estrictamente las Normas Primarias de Calidad del Aire para SO2 y material particulado (PM2,5). La estatal enfatizó que estas normas están diseñadas para resguardar la salud pública y que, a pesar de los errores en los reportes de eficiencia, no se han registrado superaciones de los límites legales permitidos.
Finalmente, la Refinería Aconcagua informó que ya ha regularizado la inclusión del flaring y otras fuentes menores en sus reportes oficiales desde enero de 2026, asegurando que durante el último periodo la operación se ha ajustado a los límites de emisión establecidos en el Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica (PPDA). El desenlace de este caso dependerá de la solidez de los descargos que presente la empresa ante la SMA o la posible presentación de un Programa de Cumplimiento, en un proceso que será seguido de cerca por organizaciones ambientales y la comunidad nacional dada la relevancia estratégica y ambiental de la planta.
