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El Congreso chileno dio luz verde a una nueva normativa destinada a endurecer el control migratorio y agilizar la ejecución de deportaciones en el territorio nacional, incorporando herramientas clave como la autorización judicial para ingresar a viviendas. Esta discusión legislativa, impulsada inicialmente bajo la administración anterior y retomada con fuerza por el actual gobierno del presidente José Antonio Kast, ha generado repercusiones a nivel internacional, particularmente en Perú, donde diversos sectores han examinado con lupa los registros oficiales en contraste con declaraciones de figuras políticas extranjeras que mencionaban cifras sobredimensionadas sobre las salidas de migrantes.
La tramitación y posterior aprobación de este cuerpo legal responde a la necesidad institucional de enfrentar las complejidades operativas que históricamente han dificultado materializar las órdenes de expulsión dictadas por los tribunales y las autoridades administrativas. Con antecedentes que se remontan a proyectos presentados en 2024, la iniciativa legislativa busca dotar a las policías y a los organismos del Estado de mayores atribuciones para ubicar, notificar y detener a ciudadanos extranjeros que mantienen resoluciones pendientes de salida del país, vinculando estas acciones con los esfuerzos por resguardar la seguridad ciudadana y el orden público en las distintas regiones de Chile.
Nuevas facultades policiales y el debate sobre las cifras de deportación
De acuerdo con los detalles comunicados por el Senado, la legislación aprobada establece de manera explícita que las policías podrán requerir a un juez el permiso correspondiente para entrar a un domicilio «con el único fin de aprehender a una persona que cuente con una orden de expulsión». Asimismo, la normativa habilita a las instituciones del Estado a solicitar datos estratégicos a otros organismos públicos para lograr la ubicación y notificación efectiva de aquellos ciudadanos en situación migratoria irregular que eluden el cumplimiento de la ley.
Este escenario normativo cobró notoriedad fuera de las fronteras chilenas tras declaraciones emitidas en la República del Perú por la senadora Lourdes Alcorta, quien afirmó públicamente que el gobierno chileno había expulsado a cerca de un millón de personas indocumentadas durante el primer mes de gestión. No obstante, revisiones exhaustivas realizadas por plataformas de verificación y analistas locales contrastaron dichos dichos con los informes de la Subsecretaría del Interior, los cuales revelaron que las expulsiones ejecutadas alcanzaron las 156 en el primer mes de administración, totalizando 1.468 a fines de septiembre y 1.764 durante todo el año calendario 2026, cifras que se sitúan muy lejos de las proyecciones exageradas debatidas en el exterior.
Implicancias de la política migratoria y proyecciones gubernamentales
La política de control migratorio ha constituido uno de los ejes fundamentales de la agenda gubernamental, vinculando de manera directa la regularización y fiscalización de flujos migratorios con la disminución de la criminalidad en el país. Si bien la administración federal ha planteado como meta a largo plazo la salida de cientos de miles de personas que residen sin su documentación al día, la ejecución práctica de estas medidas se enfrenta a desafíos logísticos, presupuestarios y procedimentales que explican el ritmo sostenido pero acotado de las deportaciones registradas hasta la fecha.
Mientras las autoridades chilenas continúan implementando las nuevas disposiciones legales para hacer efectivas las órdenes de salida pendientes, la discusión pública en torno al fenómeno migratorio demuestra la importancia de atenerse a los datos oficiales emitidos por los organismos competentes del Estado. La implementación de esta ley marca una nueva etapa en la gestión de las fronteras y la seguridad interior, cuyos efectos operacionales y plazos de aplicación serán monitoreados de cerca por la ciudadanía y las instituciones durante los próximos meses.
