Una fiscal judicial de San Miguel desclasificó, en declaraciones efectuadas ante el Ministerio Público, la investigación derivada por las relaciones de integrantes del Poder Judicial con el suspendido Conservador de Raíces (CBR) de Puente Alto, Sergio Yáber Lozano, actualmente imputado por triangulación de pagos a la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco. La fiscal Carla Troncoso Bustamante explicó detalles sobre el lobby, la corrupción y decisiones adoptadas a puerta cerrada que, según su relato, operaron desde el interior del Poder Judicial.
El contexto detrás del nombramiento de Yáber se construye sobre una tradición notarial que históricamente favorece al sector judicial. Troncoso precisó que SYL es hijo de notario y que «la familia notarial» y «la familia judicial» se favorecen por relaciones de contacto, un intercambio que se reproduce a lo largo del tiempo. El padre de Yáber, Sergio Yáber Simón, fue notario en Iquique; su hermano Francisco, notario en Juan Fernández y Chillán. Yáber ingresó muy joven al rubro, asumiendo como notario interno de Valparaíso a los 27 años y, en 2000, fue nombrado en una notaría de Coquimbo saltándose el paso por una comuna, rito que describe como habitual en Chile donde los funcionarios comienzan en comunas pequeñas y avanzan hasta las capitales de provincia sin corte de apelaciones.
La Corte de Apelaciones de San Miguel y el voto de ministros jubilados
Fue justamente en Coquimbo donde Yáber consolidó una amistad con Antonio Ulloa Márquez, hoy removido ministro de las Cortes de Apelaciones de Santiago y Copiapó, quien le prestaba un departamento en La Serena. En 2018, tras el fallecimiento del anterior notario de Puente Alto, Gonzalo Martin Iglesias —primo del titular de la 15ª Notaría de Santiago y presidente del gremio Alfredo Martin Illanes, e hijo del exministro Ricardo Martin Díaz—, el cupo se abrió con más de 150 interesados. Según Troncoso, el lobby fue intenso: «Se opusieron más de 112 oponentes, por lo que el hecho que se concentrara la votación en tres o cuatro personas indica que había gestiones, un lobby intenso para conseguir votos».
En la primera votación del Pleno de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Yáber fue electo con los votos de Roberto Contreras, María Elgarrista, María Catepillán, Sylvia Pizarro, Carlos Farías, María Espina, Luis Sepúlveda y Dora Mondaca. La fiscal señaló que varios de esos ministros ya se habían pensionado, lo que, a su juicio, indicaba «un apoyo muy sólido de ministros antiguos sin haber trabajado nunca en la jurisdicción». La terna fue de julio de 2018 y, en septiembre del mismo año, Yáber ya estaba nombrado, un plazo que Troncoso consideró «muy corto el tiempo para cualquier nombramiento, especialmente de un cargo a conservador».
También relató que, cuando Yáber postuló a Puente Alto, solicitó ser trasladado allí apelando a una situación de salud de su hijo. La Corte Suprema pidió un informe a la Corte de Apelaciones de San Miguel, cuyo pleno se manifestó negativamente, salvo el voto favorable de Liliana Mera y Luis Sepúlveda Coronado. Con 83 postulantes en la competencia, Yáber quedó noveno en el ranking. Posteriormente, Catepillán reconoció ser amiga de Ulloa, revelando una red de contactos que operaba desde el interior del tribunal.
Antecedentes de coimas, lavado y movimientos dinerarios
Los movimientos dinerarios de Yáber son parte del caso Muñeca Bielorrusa. Según la Unidad de Investigación de El Mostrador, sus ingresos en 2023 ascendieron a 3 mil 270 millones de pesos, un promedio mensual superior a 272 millones, de los cuales debía pagar cerca de 35 millones mensuales solo en impuestos. En el marco de ese caso, Yáber depositó 1 millón de pesos mensuales a Antonio Ulloa durante 74 meses. Además regaló un pasaje de avión al hijo del senador de Coquimbo Matías Walker y entregó otros 10 millones de pesos cuyo origen no ha sido aclarado. Ante su nombramiento en Puente Alto, invitó a Ulloa, su pareja, a Ángela Vivanco y su pareja Gonzalo Migueles a un viaje por Argentina; antes le vendió un Porsche a Vivanco y lavó las coimas de Belaz-Movitec mediante depósitos entre cuentas de Migueles, Yáber y Sergio Najle, notario de Chillán también suspendido y formalizado por lavado de activos.
En 2018, Migueles y Vivanco se reunieron con Yáber en La Serena, donde este se comprometió a darle trabajo a Migueles si era designado en Puente Alto. Troncoso lo describió como «la idea de formar vínculos estratégicos permanentes con ciertas personas que pueden favorecer en el futuro una carrera judicial», y el propio Yáber asumió en noviembre de 2018, coincidiendo con la llegada de Migueles al cargo. Según testigos, «los empleados del Conservador de Bienes Raíces de Puente Alto sostienen que SYL llegó a asumir junto a Gonzalo Migueles, llegaron juntos», lo que refuerza la hipótesis de una connivencia institucional prolongada.
Impacto y próximas etapas
La desclasificación de la fiscal judicial revela antecedentes institucionales de alto nivel que involucran al Poder Judicial, al gremio notarial y al Ministerio Público. El caso ha derivado hacia la imputación formal de Sergio Yáber Lozano por triangulación de pagos, lavado de activos y tráfico de influencias, con figuras como Antonio Ulloa Márquez, Gonzalo Migueles y Sergio Najle vinculadas a escenas de coimas y operaciones de blanqueo dinerario. La Fiscalía de Valparaíso lidera la investigación que, según la declaración de Troncoso, incluye el análisis de movimientos de dinero no explicados, decisiones de nombramiento presionadas desde el interior del tribunal y redes de contactos que operan desde el sector notarial hacia el judicial. Este escenario plantea interrogantes sobre la independencia del Poder Judicial, la integridad de las Cortes de Apelaciones y la necesidad de reformas en el proceso de selección de cargos conservadores, especialmente cuando figuras vinculadas al gremio notarial acceden a puestos judiciales a través de lobbies intensos y vínculos familiares que se repiten generacionalmente.
