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El presupuesto seguridad minera recibió un incremento anunciado esta semana por el Gobierno de Chile, tras los 13 fallecimientos de trabajadores mineros registrados en lo que va del 2026. La medida fue adoptada en un encuentro del biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, con representantes de trabajadores, empresas y mutualidades, con el objetivo de reforzar la prevención y la fiscalización en el sector.
Los siniestros que han cobrado la vida de 13 mineros, siete de ellos desde el 23 de septiembre, reactivan el debate sobre la insuficiencia de los recursos destinados a la seguridad. En 2024, el número de víctimas fue de 11, lo que muestra una tendencia al alza. La minería, que aporta alrededor del 13 % del PIB chileno, exige un marco de seguridad robusto para proteger a la fuerza laboral y mantener la competitividad internacional.
Detalles del nuevo presupuesto seguridad minera y sus componentes
Daniel Mas declaró que el aumento presupuestario permitirá financiar más fiscalizadores en terreno, adquirir nueva tecnología preventiva y ampliar el despliegue de equipos de seguridad en las principales regiones mineras, incluyendo Atacama, Antofagasta y Coquimbo. El Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) señaló que relanzará las 21 reglas de seguridad minera, con énfasis en la responsabilidad empresarial y la aplicación de sanciones, multas o cierres cuando sea necesario.
Según el comunicado de Sernageomin, los recursos se distribuirán de la siguiente forma:
- 40 % para la contratación de nuevos inspectores y la capacitación continua del personal existente.
- 35 % para la compra e implementación de sistemas de monitoreo remoto, sensores de gases y drones de inspección.
- 25 % para la dotación de equipos de protección personal y la modernización de centros de respuesta rápida.
La inversión total supera los 200 millones de pesos, cifra que el Ministerio de Economía y Minería consideró necesaria para revertir la tendencia de accidentes.
Proyecciones e impacto del presupuesto seguridad minera en la industria
Los analistas del sector estiman que, con la mayor presencia de fiscalizadores y la incorporación de tecnología avanzada, la tasa de accidentes mortales podría reducirse en un 30 % durante los próximos dos años. Las empresas mineras, especialmente las de cobre y litio, han manifestado su disposición a colaborar con las nuevas normativas, aunque solicitan plazos razonables para la adaptación.
En la práctica, el aumento del presupuesto se traducirá en inspecciones más frecuentes en faenas de la zona norte, donde la concentración de minas es mayor. Las comunidades locales esperan que la medida contribuya a una mayor seguridad laboral y a la prevención de incidentes que puedan afectar también al medio ambiente. El Gobierno ha anunciado que los resultados de la política serán evaluados anualmente, con la posibilidad de ajustes presupuestarios según los indicadores de seguridad.
