Un grupo de vecinos de la comuna de Santo Domingo, en la región de Valparaíso, protagonizó una manifestación que culminó con daños en la vivienda de un hombre formalizado por el delito de abuso sexual con contacto corporal contra una adolescente de 17 años. El hecho, registrado en un video que circuló masivamente en redes sociales, expone la indignación de la comunidad ante la decisión del tribunal de mantener al imputado en su domicilio, ubicado a solo algunas casas de distancia de la víctima, bajo la medida cautelar de arresto domiciliario total.
La confusión inicial llevó a algunos usuarios de redes sociales a vincular al sujeto con los 56 condenados por delitos sexuales contra menores que recibieron rebajas de condena durante el actual gobierno. Sin embargo, consultas periodísticas aclararon que el hombre no corresponde a ninguno de esos casos. Se trata de una persona formalizada por abuso sexual con contacto corporal de mayor de 14 años, y que además presenta discapacidad intelectual, según los antecedentes conocidos.
Medidas cautelares y la preocupación de la comunidad
En la audiencia de formalización, el tribunal decretó como medidas cautelares el arresto domiciliario total, la obligación de presentarse ante la autoridad designada, la prohibición de salir del país o del territorio fijado por el tribunal y la prohibición de acercarse a la víctima. Pese a ello, la cercanía entre ambos domicilios —a solo 20 metros, según el relato de un familiar— ha generado una profunda inquietud en el vecindario, que teme por la seguridad de la adolescente y de otros menores del sector.
Joaquín Aldunate, tío de la niña, expresó su impotencia ante la situación: «Principalmente la sensación de impotencia. La persona está acá a 20 metros de la casa de mi sobrina». Además, cuestionó que el imputado haya salido en dos oportunidades durante la jornada, pese a las restricciones impuestas. «Mi sobrina tiene miedo, y él está ahí en su casa libre, encerrado, pero libre», sostuvo. Aldunate hizo un llamado a las autoridades a adoptar medidas que resguarden a la niña y a los vecinos: «Ellos tienen que estar en la cárcel, ellos tienen que tener miedo, no nosotros encerrados de que ellos abusen de nuestros hijos, de nuestras hijas».
Apoyo municipal y llamado a la prudencia
La Municipalidad de Santo Domingo ofreció apoyo a la familia de la víctima y llamó a evitar la difusión de antecedentes que puedan revictimizar a la menor. Asimismo, se espera que en los próximos días se evalúen nuevas acciones legales para revisar las medidas cautelares impuestas, considerando la proximidad entre las viviendas y el riesgo que ello representa. El caso ha reabierto el debate sobre la efectividad de las medidas de protección en delitos sexuales y la necesidad de considerar la seguridad de las víctimas al momento de determinar la libertad de los imputados.
La comunidad de Santo Domingo permanece en alerta y exige respuestas de las autoridades judiciales y policiales. Mientras tanto, la investigación continúa y se espera que el tribunal revise la situación del imputado en las próximas semanas, a fin de garantizar la protección de la adolescente y evitar nuevos episodios de justicia por mano propia.
