Un hombre fue formalizado en Punta Arenas como presunto autor del delito de abuso sexual reiterado contra su propia hija, un caso de alta gravedad que conmocionó a la Región de Magallanes y que activó los protocolos de protección a la infancia. De acuerdo con los antecedentes expuestos por el Ministerio Público, la víctima tenía 12 años al momento de los hechos ocurridos en 2023 y presenta un diagnóstico de déficit cognitivo moderado. La investigación penal avanza bajo la dirección de la fiscal Katerina Aranis, quien expuso los detalles de las agresiones cometidas en dos domicilios de la capital regional.
La indagatoria policial se originó gracias a la oportuna activación de los protocolos en el establecimiento de educación especial al que asistía la menor. Fue al interior del recinto escolar donde la niña confió los hechos a los profesionales de la educación, quienes de inmediato realizaron las derivaciones formales hacia las instituciones competentes para resguardar su integridad y judicializar la denuncia. Este antecedente pone de relieve el rol fundamental que cumplen los establecimientos educacionales en la detección temprana de delitos de connotación sexual contra niños, niñas y adolescentes.
Detención policial y cuestionamientos por medidas cautelares
El proceso judicial enfrentó complejidades iniciales debido a la conducta elusiva del imputado, quien no compareció a una citación judicial previa dictada por el tribunal. Esta inasistencia motivó que la justicia emitiera una orden de captura, cuya ejecución quedó a cargo de los detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales (Brisex) de la Policía de Investigaciones (PDI). Tras intensas diligencias investigativas, los funcionarios policiales lograron dar con el paradero del sujeto y concretar su detención, poniéndolo a disposición del Juzgado de Garantía de Punta Arenas para su respectiva formalización de cargos.
Pese a que el individuo se mantuvo prófugo tras ignorar la citación de los tribunales, el Juzgado de Garantía local decidió descartar la solicitud de prisión preventiva planteada por el persecutor. En su lugar, el tribunal decretó medidas cautelares de menor intensidad consistentes en arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y prohibición absoluta de acercarse a la víctima, todo ello fijado por un plazo inicial de 60 días decretado para el cierre de la investigación formal.
Implicancias legales y plazos de la investigación penal
La resolución del tribunal generó debate en el ámbito jurídico y social de la Región de Magallanes, especialmente por el antecedente de profugacidad que exhibió el imputado antes de ser ubicado por la PDI. Las medidas restrictivas de libertad dictadas buscan asegurar la presencia del acusado en las sucesivas etapas del procedimiento judicial, resguardando al mismo tiempo la seguridad de la afectada y evitando cualquier tipo de contacto o revictimización durante el transcurso de las diligencias.
Durante los próximos sesenta días, la Fiscalía continuará recabando peritajes y antecedentes probatorios que permitan sustentar la acusación en contra del imputado. El Ministerio Público reiteró su compromiso con la protección de los derechos de la infancia, enfatizando la importancia de la colaboración interinstitucional para esclarecer este tipo de delitos graves que afectan a sectores vulnerables de la sociedad chilena.
