El fraude al Fisco en Coquimbo ha quedado al descubierto tras la presentación de una severa querella criminal por parte del Consejo de Defensa del Estado (CDE), acción que supera los $774 millones en perjuicio fiscal y que involucra directamente a exdirectivos y funcionarios de la Dirección Regional de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas (MOP), además de un representante del sector privado. La acción judicial, interpuesta ante el Juzgado de Garantía de La Serena, detalla una serie de irregularidades detectadas en contratos de suministro de materiales para obras viales adjudicados a la empresa CMoller SpA durante el periodo comprendido entre los años 2021 y 2022.
Este caso pone de relieve la vulnerabilidad en los procesos de contratación pública y fiscalización en el norte del país, donde la falta de controles estrictos y la concentración de funciones administrativas habrían facilitado la validación de desembolsos fiscales por suministros que nunca llegaron a su destino o que carecían de los estándares técnicos exigidos por la normativa vigente. La gravedad de los antecedentes recopilados por los persecutores motivó una indagatoria exhaustiva para determinar las responsabilidades penales de quienes debían velar por el correcto uso de los recursos públicos destinados a mejorar la conectividad y la seguridad vial de la región.
Detalle de las irregularidades y obras fluviales no ejecutadas
De acuerdo con los antecedentes expuestos en el libelo acusatorio, la querella apunta específicamente a cuatro personas: el exdirector regional de Vialidad, Óscar Mauricio Vilches Estay; el exjefe de Conservación y exdirector regional subrogante, José Luis Villagrán Moore; el exfuncionario e inspector fiscal Pablo Ignacio Geraldo Zúñiga; y el empresario Gustavo Adolfo Esteban Contreras Gutiérrez, representante legal de la empresa contratista. Uno de los cuestionamientos más graves se centra en la adquisición de rocas destinadas a levantar defensas fluviales en siete puentes emplazados en la provincia del Limarí.
Pese a que el organismo técnico adjudicó contratos por más de $1.052 millones para estas labores de resguardo, el CDE constató que en cinco sectores las estructuras protectoras jamás fueron construidas, quedando los materiales acopiados junto a los cauces fluviales sin cumplir ningún fin práctico. Entre los casos más decidores figuran los puentes El Higueral y Los Sapos, donde se cancelaron formalmente 5.000 metros cúbicos de rocas, pero las mediciones físicas y catastros en terreno arrojaron una presencia real de apenas 1.873,91 metros cúbicos, generando un perjuicio directo calculado en $708.241.079.
Mecanismo de operación y proyecciones judiciales del caso
El modus operandi que habría permitido consumar estas anomalías involucra una evidente falta de probidad administrativa y segregación de funciones. Según el organismo querellante, aquellos mismos funcionarios encargados de evaluar y adjudicar las ofertas de licitación participaban posteriormente en la fiscalización de los contratos y en la visación de los pagos, lo que facilitó la emisión de informes de recepción conformes que avalaban trabajos deficientes o inexistentes. Cabe destacar que la empresa involucrada llegó a adjudicarse al menos 33 licitaciones de Vialidad en Coquimbo durante el bienio investigado.
Las consecuencias de estas prácticas administrativas irregulares no solo impactaron las arcas fiscales, sino que obligaron a la terminación anticipada de contratos y a la apertura de nuevas licitaciones para enmendar las obras abandonadas, sumando sobrecostos millonarios que superan los $180 millones adicionales. Con la admisibilidad de esta acción penal en los tribunales de La Serena, se espera el avance de las diligencias investigativas para establecer con precisión el grado de participación de cada uno de los querellados y aplicar las sanciones ejemplares que contempla la legislación chilena para los delitos funcionarios contra el patrimonio del Estado.
