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Senador Espinoza exige revisión de protocolos de cobranza tras remate de vivienda campesina en Los Lagos

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Un caso de extrema gravedad ha sacudido la conciencia social en la comuna de Puerto Octay, en la Región de Los Lagos, donde un campesino perdió su única propiedad tras un proceso de remate judicial impulsado por BancoEstado. El incidente, que involucra un crédito de consumo por $3 millones de pesos, derivó en la subasta pública de una vivienda rural evaluada en más de $70 millones, la cual fue adjudicada por apenas $11 millones. Este desenlace ha motivado la intervención directa del senador Fidel Espinoza, quien ha calificado la situación como «inaceptable» y ha iniciado un proceso de fiscalización institucional para determinar si existieron irregularidades en la notificación del deudor.

El afectado, quien enfrenta dificultades socioeconómicas y un cuadro de salud que le impidió sostener su fuente laboral, no habría sido notificado formalmente en su domicilio respecto a la demanda iniciada por la entidad bancaria. Según los antecedentes recopilados, el proceso judicial culminó el pasado 3 de septiembre con la venta del inmueble ubicado en el sector rural de Aguas Buenas (también referido como Yerbas Buenas en las declaraciones). La vivienda, que representa el esfuerzo de años de una familia humilde compuesta por el padre, su esposa y una hija menor, fue adquirida por especuladores que operan con información privilegiada del sistema bancario, generando una pérdida patrimonial desproporcionada para el deudor.

Reclamo por notificación deficiente y trato discriminatorio

El senador Espinoza detalló que la entidad financiera alegó que el deudor fue notificado «a viva voz» en el tribunal, una práctica que el parlamentario considera inviable e injusta para un campesino que residía a más de 100 kilómetros del centro judicial. «¿Cómo pueden notificar a un campesino que vivía a más de 100 kilómetros a viva voz en un tribunal? Eso es simplemente discriminatorio, inaceptable y vergonzoso por parte de los ejecutivos del BancoEstado», afirmó el legislador, quien subrayó que el banco, autoproclamado como «de todos los chilenos», no puede aplicar criterios de cobranza que vulneren el derecho a la legítima defensa de las familias rurales.

En su intervención, Espinoza también denunció la existencia de redes de especuladores que se benefician de la información interna de los bancos para adquirir propiedades en remate a precios irrisorios. «Se lo remataron en 11 millones de pesos y los quieren dejar en la calle. Nosotros consideramos que esto es incomprensible… queremos que terminen de operar las verdaderas bandas de especuladores que hay rodeando los bancos para saber datos para poder rematar terreno», sostuvo el senador, quien enfatizó la necesidad de proteger a los pequeños deudores de prácticas que profundizan la desigualdad social en zonas rurales.

Fiscalización a BancoEstado, CMF y Corte de Apelaciones

Frente a esta crisis, el senador Fidel Espinoza ha oficiado formalmente a la Presidencia de BancoEstado para solicitar un informe pormenorizado sobre los protocolos de cobranza judicial que aplican los estudios jurídicos externos que operan en su nombre. El objetivo es esclarecer los criterios de proporcionalidad que se utilizan cuando se embargan y rematan viviendas familiares campesinas por deudas menores, buscando determinar si la entidad bancaria cumplió con las normativas vigentes en materia de protección al consumidor y notificación de deudores.

Adicionalmente, se enviaron antecedentes a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) para poner en conocimiento las prácticas de ejecución sobre bienes raíces de pequeños deudores en zonas rurales. Paralelamente, se solicitó a la Corte de Apelaciones de Valdivia que ejerza sus facultades disciplinarias y revise los actos de los ministros de fe en Osorno, particularmente en las diligencias de notificación en dependencias judiciales. Esta acción busca garantizar que las familias campesinas no sean privadas de sus derechos fundamentales debido a fallas sistémicas en la administración de la justicia y la gestión bancaria, estableciendo un precedente crucial para la protección patrimonial en el sur de Chile.